Referente indispensable en el análisis de las industrias culturales, Martín Becerra dialogó con Abro Hilo sobre el presente y el futuro de los medios de comunicación en Argentina.
Podés encontrar la primera parte de la entrevista acá.
[Segunda Parte]
FS: Mencionaste el caso de Fox News en Estados Unidos y antes mencionaste la creciente digitalización y de cómo los mercados de noticias empiezan también a hacer subsumidos a las lógicas de las plataformas, el concepto de desertificación, y pensaba en los efectos que estas lógicas puedan tener sobre la libertad de expresión. Pensando en los casos de censura a Trump, no solo por las plataformas sino también en algún episodio de la televisión estadounidense. ¿Cómo ves este vínculo entre la libertad de expresión, la creciente comercialización o convergencia y la necesidad de que todas las voces, aun cuando san extremas, puedan ser expresadas en la esfera pública?
MB: Efectivamente ahí hay un punto central del funcionamiento de las sociedades democráticas que está siendo puesto en cuestión. Está siendo cuestionado y las respuestas que están dando los regímenes políticos democráticos hasta ahora no han sido satisfactorias. Cuando grandes corporaciones privadas ejercen el poder de policía del discurso público, hay un problema. Y además te diría, es un problema que contradice una mirada muy cándida que tienen muchos colegas respecto de que la censura no puede ser privada, o que solo hay censura si la censura la ejerce el Estado. Bueno, es ahistórica esa sentencia; quiero decir, esta contraviniendo con lo que ocurre en los últimos años por ejemplo con Trump, pero también con Bolsonaro, con Maduro, con infinidad de líderes a nivel internacional, con organizaciones sociales de defensa de Derechos Humanos, de defensa de derechos de la mujer, con el golpe de estado en Myanmar. Hay una serie de problemas seguido del principal que es el que acabo de enunciar. Un primer problema está en arrogarse el poder de policía para limitar la palabra de alguien. Es un problema histórico con el que como humanidad convivimos desde siempre: quién y en qué condiciones puede limitar la palabra de otro. Para eso, las sociedades democráticas han elaborado una serie de estándares, de normas, de leyes, que en algunos casos tienen jerarquía constitucional respecto de quién, en qué condiciones puede limitar la palabra de otro. Por ejemplo, el discurso pedófilo está prohibido, hay un consenso amplio en todas las democracias respecto de que la pedofilia está prohibida, entonces bueno ahí hay un límite. Otro límite, cuando se pone en riesgo la salud de la población, ese era un límite que hasta el estallido de la pandemia a principios del año pasado, yo creí que era un límite legitimado y consolidado. La verdad que viendo la televisión abierta, escuchando la radio, o leyendo los principales portales web de noticia opinadas que tiene la Argentina, empiezo a dudar de la legitimidad que tiene la restricción de discursos que pueden poner en riesgo serio la salud y la vida de la población. Entonces, ahí tenemos un problema: quién, en qué condiciones puede limitar la palabra de otro. Cuando las plataformas dicen “bloqueamos las cuentas de Trump”, están bloqueando la cuenta de una persona, llamada Donald Trump y están bloqueando simultáneamente la cuenta del representante legítimo, que por si fuera poco, cosechó no menos de 80 millones de votos en las últimas elecciones.
Este no es el único problema. Seguidamente, hay otra consecuencia que es que privan a la sociedad de hacer su evaluación respecto de lo que Trump o X persona dice. Es decir, que están sustrayendo de la deliberación pública un tema de evidente interés porque todo lo que diga o haga un presidente tiene interés, o el representante, aunque no sea presidente, el representante de una corriente de opinión clave en la vida contemporánea, tiene interés. Entonces, esa deliberación pública es eliminada por designios del señor Mark Zuckerberg, o de los accionistas de Google o de ABC, CBS y NBC. Son ellos quienes toman una decisión que le corresponde a la sociedad tomar, a través de los poderes constituidos democráticos. Es el Congreso, o el poder judicial el que eventualmente podría decir “sí, acá tomamos una medida de emergencia para limitar la circulación de este discurso porque está llamando a tomar el Capitolio”. Eso lo tiene que decir alguien que esta legitimado democráticamente para eso. Entonces, aquí hay varios problemas encadenados y todo esto termina en el hecho de que corporaciones privadas se erigen en policías del discurso sin arreglo a ningún estándar de los vigentes en materia de libertad de expresión, discriminación, discurso de odio, ignorando olímpicamente eso.
FS: ¿Por qué decís que los ignoran?
MB: Nosotros esta entrevista la estamos haciendo justo el día después de que el Poder Judicial de Estado Unidos dio el veredicto de culpabilidad sobre el asesinato del ciudadano negro George Floyd hace un poquito menos de un año. En esa oportunidad, Zuckerberg, lo que dijo fue “nosotros no vamos a limitar las expresiones racistas del presidente de entonces, Donald Trump”, quien llamaba a reprimir a quienes protestaban por el asesinato de Floyd, incluso con bala. En mayo del año 2020 Facebook dice “no vamos a limitar este discurso, aunque reconocemos que el discurso de Trump es problemático. Ahora, es el presidente, en fin, nosotros somos férreos defensores de la libertad de expresión”. Pero resulta que, en enero de 2021, días antes del traspaso de mandato entre Trump y Biden, cuando Trump llama, también indirectamente, a tomar el Capitolio, entonces Facebook dice “ahora sí vamos a limitar la palabra del presidente”. ¿En serio que creemos que el capricho o el cambio de opinón, o de sensibilidad, o de olfato de Zuckerberg es la vara con la que tenemos que medir en las sociedades democráticas -dado que obviamente las reglas de Facebook para EEUU trascienden las fronteras de ese país- lo que puede o no puede decir un presidente? Tenemos que hacer algo con esto porque los incentivos de autocensura y de aturdimiento de la lógica de la conversación pública que provoca este tipo de intervenciones de la policía corporativa privada de discursos es un escollo en la convivencia y en el régimen político democrático.
También hay colegas que dicen “bueno, sí, eso puede ser problemático. Pero Trump tenía otras vías para hablar. Incluso, Juan Pérez si es bloqueado o censurado por Twitter, por Facebook, por Youtube de Google, puede expresarse de otras maneras”. Sí por supuesto, puede poner un cajón en la puerta de su casa, pararse arriba del cajón, levantar el dedo y decir “me parece bien, me parece mal tal cosa y tal otra”. Pero la verdad es un argumento muy tramposo que en un mundo donde la economía digital es una económica con efectos de red en donde el 95% de las búsquedas las hacemos a través de Google, 90 y pico porciento de los vínculos en redes sociales se mantienen a través de las redes que tiene Facebook, es muy tramposo decir que hay alternativas a esa redes y plataformas. Esa mirada soslaya cándidamente el poder dominante de algunas plataformas del mismo modo que eluden de su consideración el poder dominante de determinados medios de comunicación, como si los discursos no estuvieran condicionados por la concentración excesiva de pocas corporaciones. Si esas grandes compañías te censuran, están ciertamente limitando la circulación social de determinados discursos, no podemos ser ingenuos al respecto: hoy por hoy en la sociedad de la información estas plataformas tienen un poder monopólico.
FS: Hace poco se conocieron datos del INDEC sobre un estudio en el AMBA sobre conectividad y acceso con números alarmantes, en el contexto del 42% que mencionabas antes de pobreza sumado a la brecha digital y a la brecha de acceso a dispositivos y de conectividad. ¿Cuál o cuáles creés que son los desafíos que enfrenta Argentina en los próximos años en materia de conectividad y acceso en este contexto? ¿cuáles son los desafíos o qué puede hacer la Argentina desde el punto de vista de regulación, de materia de política pública para trabajar bien con este problema?
MB: Yo creo que el desafío es múltiple porque la Argentina tiene que, simultáneamente, atender las necesidades de los más postergados que son justamente quienes no tienen conexiones de red, quienes no tiene dispositivos o que tienen dispositivos muy viejos. Por ejemplo, en este sentido el desmantelamiento del Programa Conectar Igualdad tiene efectos sobre la realidad de 2021. Ese programa fue interrumpido a partir del año 2016 y, por lo tanto, hay muchos hogares Gran Buenos Aires, según lo relevado por el INDEC, que su único dispositivo de conexión es la vieja laptop de Conectar Igualdad de 2013, 2014. Así que por un lado, el desafío es atender esas necesidades que son imperiosas, urgentes y lacerantes. Hay una correlación bastante directa entre la brecha de ingresos y esas brechas digitales en la Argentina: que hoy en la Avenida del Libertador tengas conexiones velocísimas de fibra óptica al hogar y 500 metros más allá, no tengas una conexión física a internet te habla de una realidad que necesita ser corregida para que la sociedad sea menos injusta de lo que es. Pero al mismo tiempo, lo que la Argentina tiene que hacer es garantizar el despliegue de infraestructura de redes, su mantención, su actualización, lo cual demanda una planificación, una inversión y una proyección. O sea, no actuar solo sobre coyuntura, y una colaboración público-privada porque esto no lo va a garantizar el mercado solo, tampoco lo puede hacer solo el Estado.
FS: ¿Por qué decís que el mercado no lo puede garantizar? ¿Esta situación se replica en la región también?
MB: No lo va a garantizar el mercado solo porque el mercado solo es el que reproduce las brechas de ingresos. El mercado solo te va a meter más fibra de la vereda de la Avenida del Libertador donde hay recursos para bancar más fibra y mejor conectividad y, lógicamente, no va a invertir donde no tiene posibilidades de retorno. Lo tiene que hacer la colaboración entre Estado y privados y eso es muy difícil. La verdad es que hasta ahora la Argentina no lo ha logrado. En términos comparativos con otros países de la región, la Argentina no está mal, pero la verdad es que América Latina está muy mal. Entonces no está tan mal en un contexto donde la realidad de la conectividad, del acceso, de la asequibilidad y de la cobertura, que son todas variables solidarias entre sí, pero son distintas cada una de ellas, es una realidad con mucho déficit que tiene América Latina y obviamente la Argentina reproduce, esto siendo dentro de la región uno de los tres países que menos peor está. Y menos peor está porque la Argentina tiene obviamente una red troncal de fibra óptica pública, porque también hay redes troncales de fibra óptica privadas. Hay redes troncales privadas y también estatales tanto de Estado Nacional como de Estados provinciales que han logrado niveles de penetración y de cobertura de una geografía tan extensa importantes porque la Argentina tiene un desarrollo satelital que otros países de la región no tienen. Porque tiene un desarrollo de acceso a servicios audiovisuales de pago que otros países no tienen. Por muchos motivos la Argentina no está tan mal, pero la verdad que tiene que estar mucho mejor de lo que está. Eso implica, como te decía antes, cobertura y para eso se necesita despliegue de infraestructura, acceso y para eso se necesitan políticas públicas de promoción de acceso y asequibilidad, precios que sean justos, y afrontables por parte de una población que está en el 42% abajo de la línea de pobreza.
Me parece que muchos de los discursos que hay sobre las tecnologías digitales, las TIC en general, son discursos abstractos, no tienen gravitación social en la Argentina. Podrían ser discursos enunciados en Seúl o en Tokio. La convergencia es un proceso global (yo escribí un artículo ya en el año 2000 al respecto) pero impacta de manera muy diferente en cada contexto. Entonces ese es el desafío, a mi modo de ver es un desafío difícil de alcanzar o de resolver porque, claro, las urgencias que tiene una sociedad con tal nivel de desigualdad son tantas que a quienes gestionan, sea cual sea el gobierno y sea cual sea el nivel jerárquico – Estado nacional, provinciales, municipales – los tapa la coyuntura. Entonces cuando vos dialogás con intendentes, gobernadores, ministros, están atajando los penales de la coyuntura sin capacidad, en muchos casos, de trazar perspectivas de mediano plazo. Esto no se arregla solo atajando penales de coyuntura, atajando penales de coyuntura lo que podes hacer es en Villa Azul a principios de la pandemia distribuir crédito y tarjetas de prepago para que la población acceda por lo menos a llamar a sus afectos, para que no quede completamente desconectada. Pero eso no resuelve la situación de conectividad en Villa Azul (donde, entre paréntesis, hubo una fake news por parte de TN). Ahí hay que invertir, hay que llevar redes, infraestructura y cuando lleves la infraestructura hay que ver cómo mantenés los servicios y cómo la población accede, con qué precios y en qué condiciones. El mercado no ha hecho que la situación en Villa Azul sea distinta. Nobleza obliga, tampoco el Estado hasta la pandemia. Todo eso no se resuelve atajando penales y lamentablemente es muy difícil en países latinoamericanos, no solamente en la Argentina, salir de ese brete.
