La etiqueta importa. ¿Con eso basta?

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De viaje por Australia me llamó la atención la diferencia en el rótulo de productos alimenticios con respecto a Argentina. Estos añadían un sistema de graduación sobre la calidad y el origen de la materia prima de los mismos. En Argentina, solo incluyen un cuadro nutricional que puede ser confuso, oculta aditivos y obliga al consumidor interesado a investigar qué está comprando ya que la información suministrada es insuficiente y no hay ley que los regule.

La buena alimentación es clave. La obesidad y el sobrepeso son de las enfermedades crónicas no transmisibles que más afectan a nuestro país y son un problema de salud pública en toda la región. Datos provenientes del Programa SUMAR indican una mayor malnutrición en el sobrepeso que en el bajo peso de los niños, de allí la importancia de considerar una política alimentaria integral que garantice un acceso seguro a los alimentos y la nutrición para toda la población.

El etiquetado frontal de alimentos (FOP)[1] es la herramienta que nos permite visibilizar rápidamente el valor nutricional de los productos envasados. Existen varios modelos: advertencia[2], síntesis[3] o informativos[4], como tenemos en Argentina. La discusión sobre un mejor FOP data de varios años, pero, a fines de agosto, finalmente los Ministerios de Salud, Desarrollo Productivo y Agricultura de Nación consensuaron que una etiqueta negra de advertencia sobre el alto nivel de sodio, azúcares y grasas, como el que se utiliza en Chile, es el más adecuado. En un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública chileno junto a la Universidad de Chile y de Carolina del Norte, a tres años de su implementación, dio como resultado que el 90% de los consumidores comprende el sistema y son los niños quienes impulsan los cambios de comportamiento a un modelo más saludable. No hay impacto económico negativo y el rótulo es efectivo para crear individuos capaces de identificar la calidad de sus alimentos.

Sin embargo, la crítica principal desde la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN) y de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) sobre el modelo elegido es que no crea consumidores informados, sino que demoniza alimentos que se encuentran en la guía alimenticia Argentina. Para ellos, este tipo de FOP advierte lo que no se debe comer, pero consideran que no hay evidencia suficiente sobre cambios en el comportamiento, ni impacto en las ventas. Al mismo tiempo, como el rotulado es sobre el producto final y no los ingredientes, no hay incentivos a los productores para modificarlos y el consumidor al ver que la mayoría de los paquetes puede contener etiquetas negras, no encuentra diferencias y los comprará igual.

Regular envoltorios es necesario, pero no suficiente. Es claro que la implementación del FOP facilita el reconocimiento de los productos que adquirimos. Sin embargo, estamos lejos de comprender toda la información que circula. Falta el compromiso y la decisión sobre políticas que promuevan elecciones con menos procesados en la dieta argentina. Necesitamos el trabajo conjunto de todos los actores. El proceso de cambio debe ir hacia un entorno más saludable donde haya mayor oferta de alimentos, más y mejores espacios donde comprar, a precios asequibles, con información clara y educación alimentaria para fomentar consumidores activos, críticos y empoderados.

La activa participación de organizaciones es un hecho positivo que marca el camino para la promoción de otras iniciativas como la que recomienda el Centro de Estudios sobre Política y Economía de la Alimentación (CEPEA): aunar consensos en un etiquetado frontal de advertencia que tenga consistencia con las preferencias nutricionales de la Guía Alimenticia Argentina para facilitar y mejorar la elección de alimentos en base a la calidad de los nutrientes.

La decisión no es individual, hay varios factores que inciden en la elección de uno u otro producto. La regulación, la información y la educación deben ir juntas porque tenemos derecho a estar informados sobre lo que estamos comiendo y derecho a alimentos con etiquetas que no nos engañen, pero también necesitamos educarnos nutricionalmente para saber qué hacer y alentar cambios integrales.

La educación alimentaria en las escuelas es una alternativa para promover hábitos saludables, ya que puede ser el ámbito adecuado para generar un cambio desde los niños al interior de las familias. Por ejemplo, desde el Programa de Protección Social y Programa de Educación Área de Desarrollo Social de CIPPEC[5] desarrollan una “Propuesta de Educación Alimentaria y Nutricional (EAN) en el marco de los lineamientos de Política de Alimentación Escolar”, donde la escuela es el foco para contribuir con un entorno alimentario saludable donde al enseñar desde la práctica e incentivar a los niños, favoreciendo cambios sostenibles y sustentables que se pueden extender a toda la sociedad.

Al mismo tiempo se plantea un desafío complejo que implica unificar los distintos sistemas de etiquetado que se aplican en la región. Es importante que exista una coherencia, un denominador común regulatorio en el Mercosur para facilitar la importación y exportación de alimentos entre países. La prioridad debe ser trabajar estratégicamente en la reducción de las enfermedades crónicas no transmisibles haciendo uso de todas las herramientas posibles.

Notas

[1] FOP es la sigla en inglés de Front of pack labeling.

[2] Se destaca la presencia de nutrientes a limitar.

[3] Se refieren al valor nutricional global.

[4] Se limitan a informar el contenido de nutrientes, sin advertir ni evaluar.

[5] Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento


** Este artículo se escribió en el marco de la materia «Diseño e Implementación de Políticas Públicas en Argentina» de la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad Torcuato Di Tella.


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Mariela Cagliolo

Mariela Cagliolo es licenciada en Ciencias de la Comunicación Social con orientación en políticas y planificación (UBA). Actualmente está cursando la Maestría en Políticas Públicas en la Universidad Di Tella. Trabaja desde hace 10 años en la Dirección General del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) como analista de Relaciones Institucionales en el Área de Eventos Masivos. Se especializoa en comunicación en emergencias y temas relacionados con la salud

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