Desde hace tiempo miro con mucha atención las diversas movilizaciones de la sociedad civil con críticas hacia el sistema político. Vivimos en una época caracterizada por protestas que congregan a miles de personas que demuestran su descontento, expresando una crisis de confianza y legitimidad del sistema democrático. Son variadas las causas de las mismas: Recientemente, el caso francés (2018, 2019) puso en jaque al gobierno de Macron con protestas violentas en todo Francia y en América Latina el caso más paradigmático fue el chileno (2019, 2020) en donde la respuesta, sorprendentemente, se canalizó institucionalmente a través de una reforma constitucional. En el caso de las democracias como Brasil[1] (2014,2015) las causas parecerían asociarse a los escándalos de corrupción[2] con la empresa Petrobras, a los costos del Mundial de fútbol y a la crisis económica (estancamiento del crecimiento económico y suba de inflación). Distinto fue el caso de Egipto (2011) en donde miles de personas pedían un cambio de régimen político, querían el fin del autoritarismo y reclamaban mayor respeto a las libertades individuales y a los derechos humanos.
A mi entender, todas estas manifestaciones tienen en común un contexto de crisis de confianza en las instituciones públicas (Brugué, 2013). Analizando el caso particular de América Latina, según los datos provistos por Latinobarómetro (2017), únicamente 1 de cada 4 latinoamericanos deposita algún grado de confianza en su Poder Judicial. A su vez, los poderes ejecutivos están en el mismo nivel bajo de confianza (25%), solo superior al que experimentan el Congreso (22%) y los partidos políticos (15%) (Ozlack, 2013). En la Argentina, según el Observatorio de la Deuda Social de la UCA (2018), la confianza en el gobierno nacional, el congreso y la justicia se encuentran en valores del 19%, 11% y 7% respectivamente. Como vemos en las estadísticas, las instituciones que representan a la ciudadanía están enfrentando una crisis de confianza y de legitimidad.
Esta crisis de representación política opera al mismo tiempo que la disrupción tecnológica. Las Tecnologías de la Información han revolucionado las distintas esferas del mundo, entre ellas, la economía y las telecomunicaciones. Las organizaciones se han transformado digitalmente y los Estados, si bien son los más retrasados, también se han modernizado, implementado planes de digitalización en las respectivas administraciones públicas. En este contexto, los gobiernos también han profundizado sus políticas públicas de apertura de datos, intentando mejorar los estándares de transparencia y calidad institucional. Otro avance significativo son los procesos participativos de la ciudadanía en la co-creación de políticas públicas.
Sin embargo, a pesar de estos avances en la gestión del Estado, hay quienes creen que ellos sólo han servido para actualizar lo viejo pero que no han cambiado lo relevante: la lógica de relación de poder del sistema político (Colombo, 2006; Subirat, 2011). En otras palabras, los Estados han mejorado sus servicios digitales, pero no han cambiado sustancialmente el rol que tiene el ciudadano en las políticas públicas. A su vez, con respecto a las políticas de apertura de datos, el desafío sigue siendo la utilización y el aprovechamiento de la información por parte de la ciudadanía. Los gobiernos siguen teniendo un gran desafío tanto en la disponibilidad, visualización y/o en la comunicación de los datos para garantizar más participación ciudadana y mayores consensos en las políticas públicas.
En este contexto de deterioro de la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas, considero que es momento de acelerar las discusiones sobre cómo innovar el sistema político. Esta “conversación”, desde mi punto de vista, debe tener a la tecnología en el centro, como un medio para democratizar el sistema. En otras palabras: ¿puede la participación ciudadana a través de la tecnología ser un mecanismo para mejorar las decisiones públicas y reducir la brecha de confianza y legitimidad entre representantes y representados?
Es interesante analizar la participación ciudadana en el marco del COVID 19. Un país que fue un ejemplo de gobierno participativo en la crisis fue Taiwán (Siri, Berman 2020). El gobierno decidió incluir la inteligencia colectiva ciudadana, lanzando la propuesta, el diseño y la implementación de una serie de aplicaciones para ayudar a generar un mapa que detecte dónde están los contagios y cruzarlos con la oferta de máscaras de protección. Como mencionamos anteriormente, al gobierno electrónico, que tiene como uno de sus objetivos la información sistematizada, se le agrega una dimensión clave que es el elemento participativo.
A su vez, la participación ciudadana se va extendiendo en la cultura de Taiwán, ya que el gobierno creó una plataforma llamada V-Taiwán que permite a los ciudadanos debatir y proponer ideas a sus representantes. Esta política está acompañada por políticas integrales que impulsen la transformación digital del país. Entiendo que no suele haber un salto, si no que hay una secuencia de políticas públicas en donde los gobiernos que aplican políticas activas de transformación digital (como las de conectividad, gobierno abierto y electrónico) suelen ver en la participación un elemento importante para su gobierno.
¿Qué implica tener ciudadanos que viven inmersos en una cultura digital y que se vinculan con gobiernos analógicos? ¿Cómo se ve afectada la relación entre representantes y representados con una lógica vertical, y hasta secreta, de toma de decisiones de los gobiernos en un contexto de horizontalización de los modos de trabajo? ¿Somos ciudadanos del siglo XXI conviviendo con instituciones del siglo XX como expresa en el título de su trabajo López Egaña (2014)? ¿Pueden los estados seguir gobernando nuevas ciudadanías bajo viejos paradigmas que, además, muestran no ser eficientes?
En definitiva, y como conclusión, creo que lo más importante es el desafío de repensar el sistema politico y contestar la pregunta de Subirat (2011) respecto de si la aparición de internet no generó otro ‘orden social’. En otras palabras, la pregunta de si debemos pensar un nuevo diseño institucional que ponga al ciudadano en el centro para que mediante un gobierno participativo podamos sanear un sistema político que está en crisis. Por último, como habrán notado, no pretendo traer una respuesta a una problemática tan compleja sino alimentar la reflexión e invitar a repensar y a innovar lo público; es hora de profundizar las discusiones sobre lo que ‘a todos nos concierne’, que es ni más ni menos que nuestra comunidad política.
[1] Sobre las causales de las manifestaciones, Ozlack (2013, p 11) indica: Entre ellos, sobresalen tres, que parecen haber precipitado esta masiva movilización: la magnitud de los millonarios gastos destinados a organizar la Copa Mundial de Fútbol, en medio de denuncias de negociados, desvío de fondos y evidentes contrastes con el funcionamiento de los servicios públicos; el descrédito de los políticos, motivado por los altísimos salarios que se fijaron recientemente los legisladores, pese a los reclamos de la prensa y la opinión pública, que reunió dos millones de firmas para oponerse a la medida; y el aumento del precio de las tarifas de transportes, que al parecer actuó como detonante. Si bien las causas pueden ser mucho más profundas, es altamente probable que las decisiones políticas recién mencionadas hayan sido adoptadas sin una debida consideración de sus efectos colaterales, que ahora se manifiestan en esta profunda conmoción social. Cabe señalar, de paso, que fueron las redes sociales, una vez más, el vehículo fundamental de la movilización ciudadana.
[2] La tendencia de desconfianza continúa ya que los resultados para América Latina de la última medición del Barómetro Global de la Corrupción realizado por Transparency International (2017) señalan que un 62% de la población considera que la corrupción ha aumentado durante el último año.
