¿Argentina necesita más armas?

Compartir

Por Martín De Simone |

La simplicidad de las explicaciones lineales las hace extremadamente persuasivas. Si los trabajos escasean, la solución es limitar la inmigración. Si la inflación aumenta, controlar los precios es necesario. Si el país tiene serios problemas para crecer, la culpa siempre se ubica del lado opuesto al nuestro. Sin embargo, la complejidad de los fenómenos sociales casi siempre se opone a la sencillez de esas explicaciones.

Recientemente, un nuevo ejemplo de esta dinámica se produjo en torno a la discusión sobre la necesidad de facilitar el acceso a armas por parte de civiles. Más precisamente, la discusión se dio luego de que algunas figuras públicas propusieron imitar las recientes medidas implementadas por Brasil, que apuntan a facilitar aún más el acceso a las armas, incluso a pesar de que en 2020 se registraron un 91% más de armas que en 2019, en nuestro vecino luso-parlante.

La explicación sigue la misma lógica: si hay un problema de inseguridad, la solución radica en proveer a los ciudadanos con armas para que puedan defenderse. En estas breves líneas, apuntamos a complejizar el debate y brindar un panorama de la evidencia existente.

¿Cuántas armas hay en Argentina?

En primer lugar, cabe preguntarnos cuál es la situación en torno a la circulación de armas en nuestro país. Los datos oficiales escasean y recabar información sobre este tema es particularmente difícil dada la tendencia de las personas a no reportar la posesión de armas. La mejor información disponible es compilada por Small Arms Survey, una ONG basada en Suiza que colecta datos de registros federales, encuestas, expertos y otros recursos. Mientras que los datos distan de ser perfectos, proveen un punto de partida para la comparación entre países.

Según los datos más recientes, en Argentina circulan un total 3.256.000 armas en manos de civiles, o un total de 7,4 armas de fuego por cada 100 habitantes. ¿Cómo se compara este valor con el de otros países? Argentina ocupa el lugar 105 entre 230 países y territorios, un poco más arriba de la mitad de la tabla que es, por lejos, liderada por Estados Unidos, el único país con más armas en posesión de civiles que personas, con 120 armas cada 100 habitantes. En otras palabras, Argentina está apenas por debajo de la media global (11,4), pero encima de la media global si se excluye a Estados unidos (6,45).

Pero de ese total de armas en circulación, el 52% no están registradas, un total de al menos 1.693.668 armas en manos de civiles que le escapan a los registros. Esto representa un serio peligro en términos de seguridad y un gran recurso para los mercados criminales.

A diferencia de otros mercados ilegales, el mercado de armas tiene una peculiaridad: casi la totalidad de las armas que son parte de los mercados delictivos, pertenecieron alguna vez al mercado formal. Las armas son desviadas del mercado formal al informal por varios medios. Por un lado, armas registradas oficialmente en poder de civiles pasan al mercado ilegal por medio de ventas o robos. Por otro lado, es común que las armas de las fuerzas policiales y militares se desvíen al mercado ilegal, tanto de manera intencional como por medio de robos a arsenales y armerías.

Así, en Argentina existe un gran caudal de armas en poder de las fuerzas que también pueden ser desviadas hacia los grupos delictivos. Según los datos de Small Arms Survey (acá y acá), entre las fuerzas militares, policiales y de seguridad poseen en su conjunto un total de 1.069.000 armas. Gran parte de estas armas exceden la capacidad de las fuerzas de utilizarlas -sobre todo las militares- y, por ende, constituyen un blanco fácil para su desvío al mercado delictivo. Los robos, tanto de armas como de municiones, no son para nada atípicos.

El rol de las fuerzas es importante por la gran cantidad de armas y municiones que acumulan en sus arsenales, en ocasiones con escasas medidas de seguridad. Pero el rol de los civiles es mucho más relevante. Algunos datos, aunque ya tienen más de una década, muestran que el 83% de las armas con pedido de secuestro y secuestradas en la Provincia de Buenos Aires pertenecían a individuos particulares, mientras que sólo un 6% pertenecían al Estado, un 1,64% a entidades de seguridad privada y un 0,53% a armerías o fábricas de armas[1].

De este modo, pensar que armar a la población es una medida para incrementar la seguridad es, al menos, cortoplacista: la evidencia muestra que, tarde o temprano, un gran caudal de esas armas termina nutriendo a la criminalidad con más poder de fuego. La idea de proveer de armas a los “ciudadanos decentes”, además del problema de determinar quiénes caen en esa categoría, ignora profundamente la dinámica de la circulación de armas.

En síntesis, los datos parecen mostrar que, si bien Argentina no está entre los países con mayor cantidad de armas por habitante, tampoco se encuentra entre los países con acceso más restrictivo a las armas. De hecho, si comparamos a Argentina con países de ingresos similares, el país tiene un nivel de armas promedio.

Pero ello no implica que facilitar el acceso a las armas no sea una buena idea. Si incrementar el acceso y la circulación de armas acarreara beneficios en términos de los niveles de seguridad, tal política sería meritoria. ¿Pero qué nos dice la evidencia?

¿Qué dice la evidencia?

La relación entre los países con mayor disponibilidad de armas en manos de civiles y los niveles de homicidios tiende a ser positiva. La relación es aún más clara si el análisis se hace para cada región por separado. A medida que descendemos del análisis por país a unidades territoriales más pequeñas, la relación se torna aún más clara. Pero claro, esta simple correlación no implica que exista causalidad. Podría ser que simplemente los países con más armas también tienen otras características que los hacen más violentos o que son justamente los niveles de violencia los que llevan a la gente a armarse, y no viceversa.

Sin embargo, la literatura empírica, aunque incipiente para países en desarrollo, muestra un efecto claro de la disponibilidad de armas en los niveles de violencia letal. Por ejemplo, diversos estudios de la escuela de salud pública de la Universidad de Harvard muestran que incluso controlando por variables socioeconómicas y por otro tipo de delitos menos violentos, los lugares con más armas tienden a sufrir más muertes por armas de fuego. Y no se trata solo de más homicidios, también más suicidios e incluso violencia contra la policía.

 

 

¿A qué se debe esta relación? La premisa típica de aquellos que abogan por mayor facilidad en el acceso a las armas es que pueden servir para cortar una situación violenta de tajo. Ante la emergencia de una situación potencialmente peligrosa, puedo mostrar mi arma para causar temor y, consecuentemente, terminar de lleno con el potencial peligro. La evidencia, sin embargo, nos muestra que las armas tienen el efecto exactamente opuesto: la violencia escala y situaciones potencialmente peligrosas, pero no letales, se transforman en letales. Se trata no solo de robos sino también de suicidios y riñas que, sin la disponibilidad de armas, tendrían desenlaces letales con mucha menor frecuencia.

Ese fenómeno se produce no solo con civiles en situaciones de violencia, sino también con policías. En Argentina, a contraposición con lo que suele creerse, la mayoría de los policías que fallecen en enfrentamientos lo hacen fuera de sus horas de servicio. ¿Por qué? Porque suelen estar sin sus uniformes, son víctimas de robos como cualquier otra persona, pero al mostrar sus armas para defenderse generan una escalada de la violencia que deriva en situaciones mortales.

Así, por ahora sabemos que Argentina no parece necesitar más armas y que la disponibilidad de armas, en efecto, aumenta los niveles de violencia y victimización. Entonces, cabe preguntarse qué tipo de medidas configuran una política de control de armas efectiva y eficiente.

Entonces, ¿qué hacer con las armas?

Una política de control de armas y desarme debe tener como principio general la no proliferación de armas de fuego en manos de civiles y basarse en al menos tres pilares: políticas más restrictivas de acceso a las armas, programas de desarme y un sólido sistema de trazabilidad de armas y municiones[2].

En primer lugar, las políticas más restrictivas de acceso a las armas parecen ser exitosas. Este efecto es siempre muy difícil de evaluar dada la multiplicidad de factores que pueden influenciar los niveles de violencia letal. Sin embargo, una revisión de más de 130 estudios de múltiples países muestra que la sanción de leyes restrictivas en cuanto a la proliferación de armas tiende a ser seguida por un descenso en los niveles de violencia letal. Además, las leyes que restringen la compra de armas y el acceso a estas (por ejemplo, a través de requisitos más estrictos para el almacenamiento) tienden a estar asociadas con descensos en los niveles de homicidios por violencia de género y disminuciones en la cantidad de muertes de niños como consecuencia de accidentes con armas.

En segundo lugar, son necesarias políticas claras de desarme. Y quizá esta sí es una buena ocasión para imitar el caso de Brasil. En 2004 el país vecino lanzó una campaña de entrega voluntaria de armas, por medio de la cual quienes entregaban sus armas al estado para que sean destruidas recibían a cambio una suma de dinero. Un año después del lanzamiento de la campaña, sólo en Río ya se habían recolectado 40.050 armas, lo que es equivalente a un 2,5% de la tenencia privada de armas, 5% de la tenencia legal, 8,7% de la tenencia informal y 11,6% de las armas en manos de criminales. Algunos estudios detallan un fuerte impacto de la campaña de recolección de armas en Río de Janeiro sobre la violencia, incluyendo una caída del 11% en la tasa de muertes vinculadas a las armas de fuego. La buena noticia es que Argentina cuenta con un buen Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego (PEVAF) que ha mostrado buenos resultados y cuya intensificación iría en la dirección correcta.

En tercer lugar, es necesario un sólido sistema de trazabilidad de armas y municiones que permita rastrear el recorrido de las armas y evitar el desvío hacia los mercados ilegales. Este sistema debe también incluir a las armas de las fuerzas policiales y de seguridad y militares y debe ser complementado con mejores medidas de seguridad en las armerías y arsenales. También debe incluir controles mucho más estrictos de las armas secuestradas por el poder judicial, que en muchos casos se almacenan con cuidados ínfimos. La tecnología de análisis balístico existente permite no solo encarar un proceso de registro de las armas de todas las fuerzas, sino también registrar las “huellas” únicas de las armas en bases de datos, desincentivando así su desvío intencional al mercado delictivo y su uso irregular.

Una política de seguridad debe tener como objetivo reducir la violencia y las políticas de control de armas deben alinearse a ese objetivo. La evidencia existente nos muestra que facilitar el acceso y uso de armas tiene el efecto contrario. Tal vez sea hora de evadir las explicaciones lineales para diseñar políticas que realmente piensen en las víctimas y consideren a la violencia como un problema complejo que limita el desarrollo y merece ser tratado con seriedad.


[1] Dreyfus, Pablo. 2007a. “Dime con qué armas andan, y te diré qué campaña quieres” en Khatchick DerGhougassian, ed. Las armas y las víctimas: Violencia, proliferación y uso de armas de fuego en la provincia de Buenos Aires y la Argentina. Buenos Aires: Universidad de San Andrés.

[2] El control del comercio internacional es también muy relevante, pero el foco del artículo es en políticas domésticas. Como sostuvo Carina Solmirano en esta plataforma, se estima que el volumen de transferencias internacionales de armas convencionales alcanza los 100 mil millones de dólares al año. A eso se le agrega el comercio de armas pequeñas y livianas que se estima en 6 mil millones de dólares. Un férreo control del comercio, para que siempre sea con fines legítimos es fundamental.


(*) Martín De Simone (@desimonemartin) es MA en Políticas Públicas por la Universidad Princeton -donde también obtuvo una especialización en desarrollo internacional- y licenciado en Ciencia Política por la Universidad de San Andrés. 


Compartir

Martín De Simone

Martín (@desimonemartin) es Magister en Políticas Públicas por la Universidad Princeton -donde también obtuvo una especialización en desarrollo internacional- y politólogo por la Universidad de San Andrés. Martín trabajó para múltiples gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y think tanks en América Latina, Estados Unidos y Europa, en la intersección entre violencia y desarrollo humano, así como en reformas institucionales. Actualmente, se desempeña como Especialista en Educación del Banco Mundial. Sus artículos reflejan únicamente su opinión, y no la de las organizaciones a las que pertenece. Martín es también el Director de Abro Hilo.

Compartí:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram

Articulos relacionados

narrativa
Política

Una narrativa para el futuro de Argentina

Compartir

Argentina supo tener narrativas que contribuyeron a nuestro progreso material y cultural. Sin embargo, hoy nuestro país está atrapado en tres tipos de narrativas que, lejos de empujarnos al progreso, nos estancan en una maraña de obstáculos que dificultan nuestro desarrollo.


Compartir
Leer Más»
narrativa
Política

Una narrativa para el futuro de Argentina

Compartir

Argentina supo tener narrativas que contribuyeron a nuestro progreso material y cultural. Sin embargo, hoy nuestro país está atrapado en tres tipos de narrativas que, lejos de empujarnos al progreso, nos estancan en una maraña de obstáculos que dificultan nuestro desarrollo.


Compartir
Leer Más»
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram