Cárceles y COVID-19: una discusión pendiente

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Hace años que la emergencia que atraviesan tanto el servicio penitenciario federal como el servicio penitenciario bonaerense demanda una respuesta urgente, articulada y ajena a la pulsión de resolver conflictos sociales y conflictos interpersonales con más punitivismo. Hacinamiento, violencia institucional, falta de acceso a salud, educación y alimentación son algunos de los muchos problemas que enfrentan las personas privadas de la libertad en establecimientos de ambos servicios penitenciarios. La emergencia sanitaria desatada por el Covid-19, no sirvió para repensar la manera en la que, tanto a nivel nacional como provincial, se administra el encierro. En cambio, profundizó una narrativa simplista que busca diferenciar entre la ciudadanía y las personas privadas de la libertad (“nosotros versus ellos”) que solo sirvió para invisibilizar los problemas estructurales que enfrenta el sistema de justicia penal y padecen las personas que atraviesan distintas instituciones de encierro en nuestro país.

 

Una problemática estructural

Por diseño, las cárceles y otras instituciones de encierro son lugares cerrados, sin ventilación y donde las personas alojadas comparten espacio en todo momento. Esto, sin dudas, las vuelve lugares proclives al contagio de enfermedades. Según los datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena, si bien a diciembre de 2019 el servicio penitenciario federal contaba con 12.235 plazas, unas 13.883 personas se encontraban privadas de la libertad en establecimientos federales. Este dato, además de representar un nuevo máximo histórico, consolida una tendencia ascendente y preocupante. Entre 2016 y 2019, la cantidad de personas detenidas en establecimientos penitenciarios federales incrementó en un 35%.[1] Además, como señala la Procuración Penitenciaria de la Nación, las condiciones materiales de encierro son pésimas y las personas privadas de la libertad no reciben la atención médica necesaria.

La situación en el servicio penitenciario bonaerense es incluso más problemática. A fines de 2019, las cárceles y comisarías de la provincia de Buenos Aires alojaban a más de 49.000 personas, mientras que la capacidad declarada era tan solo de 28.810 plazas. Las condiciones de encierro en las cárceles bonaerenses son, desde hace años, deplorables. Además, debido a la superpoblación de los establecimientos penitenciarios bonaerenses, año a año miles de personas son detenidas en comisarías. Esto genera varios problemas ya que las dependencias policiales no están diseñadas para albergar personas por tiempo prolongado y tampoco suelen encontrarse en condiciones óptimas para hacerlo.[2]

El temor lógico por contagiarse de Covid-19 motivó distintos reclamos por parte de las personas privadas de la libertad. Por ejemplo, el 24 de abril del año pasado, luego de enterarse de un caso positivo de Covid-19 entre los agentes penitenciarios, las personas privadas de la libertad en el complejo penitenciario federal de la Ciudad de Buenos Aires (“Devoto”) demandaron la implementación de políticas claras de prevención y protección frente al virus. En respuesta a esta protesta se estableció una mesa de diálogo entre representantes de las personas privadas de la libertad y distintos actores como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, integrantes de la Cámara Federal y de la Cámara Nacional de Casación Penal y la Asociación Civil de Familiares de Detenidos, entre otros. Las distintas partes acordaron la creación de un grupo de trabajo interinstitucional con el objetivo de resolver la situación judicial de las personas en grupos de riesgo, así como la pronta tramitación de pedidos de libertad condicional y morigeración de la pena vigentes al momento. Sin embargo, no todas las protestas tuvieron un resultado similar. Por ejemplo, a fines de octubre y principios de noviembre del año pasado, personas privadas de la libertad en distintas unidades penitenciarias bonaerenses protestaron la decisión intempestiva del servicio penitenciario de no autorizar el reinicio de las visitas luego de 8 meses de suspensión. Las protestas fueron reprimidas violentamente por agentes del servicio penitenciario.

Lamentablemente, la discusión en torno a la necesidad reducir el número de personas alojadas en establecimientos federales y bonaerenses se concentró en la demonización de las personas privadas de la libertad y el posible impacto negativo que podía tener en la seguridad pública. Distintas personas identificadas tanto con la coalición opositora como con la coalición de gobierno criticaron la necesidad de liberar personas alojadas en ambos servicios penitenciarios. Algunos incluso alertaron, sin mayores fundamentos, que la liberación de personas privadas de la libertad podía resultar en “una epidemia de delitos”. Producto de la presión social y mediática construida sobre una base de prejuicios e información más que cuestionable, tanto el gobierno nacional como el provincial alegaron que era el Poder Judicial el que estaba a cargo de ordenar quiénes podían a salir de la cárcel. Además, ambos avalaron la necesidad de distinguir entre aquellas personas privadas de la libertad que deberían poder acceder a una libertad anticipada y aquellas que no. Cabe destacar que, si bien es importante analizar la situación particular de cada persona privada de la libertad al momento de tomar una determinación sobre si conceder o no una libertad anticipada, la distinción entre personas privadas de la libertad por delitos “comunes” y delitos “violentos” es problemática porque ubica a las personas en el segundo grupo en una situación irreconciliable al presentarlos como no merecedores de vivir en sociedad o incapaces de cumplir con las normas de conducta de la comunidad a la que pertenecen.

La superpoblación y las pésimas condiciones a las que son sometidas las personas privadas de la libertad en ambos servicios penitenciarios solo incrementan las posibilidades de un contagio masivo. A su vez, ni el servicio penitenciario federal ni el bonaerense cuentan con la infraestructura ni los recursos humanos para poder responder satisfactoriamente a las necesidades de la gran cantidad de personas que pueden llegar a necesitar atención médica ante un contagio masivo. Aislar a las personas infectadas dentro de los establecimientos actuales es una tarea imposible. Es por ello, que es necesario no perder el foco de la discusión y centrarnos en los problemas estructurales que enfrentan las personas privadas de la libertad y como el Covid-19 solo las expone a una situación de mayor vulnerabilidad.

Discutir seriamente

Según lo informado por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, al 30 de abril de este año unas 641 personas detenidas en establecimientos penitenciario federal se habían contagiado de Covid-19. Del total de personas contagiadas unas 18 murieron a causa del virus. En la provincia de Buenos Aires, al menos 1.287 personas contrajeron el virus y unas 511 personas contagiadas fallecieron. Sin embargo, como señala la Comisión Nacional por la Memoria, al menos en el ámbito bonaerense los datos no son confiables ya que la cantidad de tests realizados es baja y las medidas de aislamiento implican aislar pabellones enteros sin constatar quiénes contrajeron el virus y quiénes no.

A su vez, los datos sobre salidas de personas privadas de la libertad desde el comienzo de la pandemia hasta hoy muestran que tanto en a nivel federal como provincial no se produjeron las salidas masivas sobre las que alertaron diversos políticos, medios y parte de la opinión pública. Como indica la Procuración Penitenciaria de la Nación, entre marzo del año pasado y marzo de este año se observa una disminución de la cantidad de personas detenidas en establecimientos federales. La población total pasó de 13.971 a 11.660 personas. Si bien este número es importante, el servicio penitenciario federal todavía se encuentra ocupado casi en su totalidad y las condiciones materiales de encierro no han cambiado. En lo que respecta al servicio penitenciario bonaerense, a diciembre de 2020 unas 47.578 personas se encontraban privadas de la libertad en cárceles y comisarías bonaerenses, lo que no representa una reducción significativa de la población total en comparación con la cantidad de personas detenidas al comienzo de la pandemia. En definitiva, los acuerdos para disminuir el número de personas privadas de la libertad no parecen haber tenido un impacto considerable en el total de las personas detenidas en ambos servicios penitenciarios.

Sin dudas, la situación actual exige discutir seriamente qué hacer para evitar que se propaguen por las cárceles y comisarías cepas más contagiosas que, a diferencia de la primera ola, afectan severamente a personas jóvenes (los mayores de 65 años representan un porcentaje mínimo de la población privada de la libertad tanto en el servicio penitenciario federal como bonaerense). Lamentablemente, no hay propuestas muy alentadoras. Por ejemplo, si bien el Plan de Infraestructura Penitenciaria Provincial 2020 significa ciertas mejoras en el servicio penitenciario bonaerense, estas medidas no son suficientes para solucionar el problema de la superpoblación. La adición de nuevas plazas, aunque necesaria, solamente alivia la situación para algunas pocas personas (1.350). Además, a pesar de que la creación de 15 hospitales en unidades penitenciarias permitiría ofrecer un mejor servicio a aquellas personas que puedan contagiarse de Covid-19, estos servicios no son suficientes para lidiar con posibles contagios masivos.

Al igual que hace un año atrás, la mejor alternativa continúa siendo reducir el número de personas privadas de la libertad. Por ello, tanto el Poder Ejecutivo nacional como provincial deben evaluar seriamente la posibilidad de conmutar penas. A su vez, es importante que el Poder Judicial federal y bonaerense resuelvan la situación de miles de personas que no tienen condena firme y, en particular, de aquellas que se encuentran detenidas en comisarías.[3] Resta ver los efectos del reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el cual ordena a la Suprema Corte bonaerense tomar medidas ante la situación de emergencia estructural del servicio penitenciario bonaerense.

Por último, cabe hacer hincapié en la necesidad de avanzar con la vacunación de las personas privadas de la libertad. Además de la liberación de personas privadas de la libertad, esta es la otra medida que puede tener un impacto positivo en la prevención del Covid-19 en establecimientos penitenciarios. Sin embargo, a pesar de que el Plan Estratégico para la vacunación contra el Covid-19 establecido por el Ministerio de Salud de la Nación considera que las personas privadas de la libertad deben ser priorizadas dada la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran, hasta el momento no hay novedades sobre cuándo se planea avanzar con la vacunación de las personas privadas de la libertad tanto en establecimientos federales como bonaerenses.

Sin lugar a duda, la pandemia que transitamos hace más de un año ha puesto en tela de juicio algunos aspectos fundamentales sobre cómo se estructura y organiza nuestra sociedad. Lamentablemente, hasta ahora no hemos podido dar una discusión razonable sobre cómo se administra el castigo y el encierro en nuestro país.


[1] La causa de este incremento, como muestran las estadísticas, es el resultado de una mayor cantidad de personas detenidas por delitos cometidos contra la Ley 23.737 (“Ley de drogas”). Si bien la gran mayoría de las personas privadas de la libertad por estos delitos son varones, es importante destacar que estos delitos constituyen la principal causa de encarcelamiento de mujeres y trans.

[2] Detener personas en comisarías es una práctica establecida en la provincia de Buenos Aires. Entre 2017 y 2018, 17 personas alojadas en comisarías murieron quemadas o asfixiadas.
[3] Según los últimos datos, al menos el 45% de las personas privadas de la libertad en el servicio penitenciario bonaerense no tenían condena. En la provincia de Buenos Aires más de la mitad (52%) de las personas detenidas no tenía condena firme y casi unas 4.700 personas se encuentran detenidas en comisarías.

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Santiago Mollis Santiago Mollis

Abogado por la Universidad de San Andrés y futuro Doctor en Leyes por la Cornelll University en donde realizó su LLM. Especialista en derecho penal y teoría política.

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