Los resultados de la última Encuesta Nacional de Uso del Tiempo arrojan datos sobre una realidad cotidiana pero constantemente invisibilizada: el 91,7% de las mujeres realizan trabajos no remunerados, frente a un 75,1% de los varones. Específicamente en materia de cuidados, las mujeres dedican el doble de tiempo que los varones (6,07 horas vs. 3,3 horas).
Ahora bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de cuidados? Se trata de todas aquellas actividades cotidianas destinadas al bienestar material, económico, moral y emocional de las personas dependientes, tales como niños/as, personas con discapacidad o personas mayores (Batthyány, 2021). Todos los seres humanos necesitamos cuidados en algún momento de nuestras vidas y estas tareas son las que aseguran la existencia y reproducción de las sociedades (OIT, 2019).
Las cifras de la ENUT reflejan que las desigualdades en el ámbito de los cuidados anteceden y explican las desigualdades entre los géneros: el rol social tradicional de las mujeres, como proveedoras de cuidados y encargadas del trabajo doméstico no remunerado, ha limitado su capacidad para incursionar en el mercado laboral y coartado su autonomía económica (Rodríguez Enríquez, 2013). Esta sobrecarga afecta de modo diferenciado a mujeres en situación de pobreza, migrantes, indígenas, rurales, con discapacidad, entre otras (Compromiso de Buenos Aires, 2022).
Esta “crisis de los cuidados” a la cual nos enfrentamos, es decir, que amplios sectores de la población se vean imposibilitados de recibir los cuidados que necesitan para llevar adelante una vida digna (CEPAL, 2022), requiere de una respuesta contundente por parte del Estado. Una respuesta que implique el reconocimiento del cuidado como un derecho humano (derecho de toda persona a cuidar, ser cuidada y al autocuidado) que el Estado debe garantizar.
En los últimos años, se han implementado una serie de políticas para revertir esta crisis. Entre ellas, cabe destacar la sanción de la ley n° 27.611 (Plan de los 1000 días) -cuyo objetivo es acompañar y fortalecer el cuidado de la salud de mujeres y otras personas gestantes y niños/as hasta los 3 años de edad-; la creación del Programa para el reconocimiento de aportes por tareas de cuidado y del Programa Registradas. Asimismo, en términos de datos, se realizó la ENUT, la primera encuesta específica de uso del tiempo a nivel nacional que provee información precisa y detallada sobre el tiempo dedicado al trabajo no remunerado y se lanzó el Mapa Federal del Cuidado, una plataforma que pone a disposición la ubicación geográfica de diversas instituciones educativas, organizaciones y servicios que brindas cuidados o formación en cuidados.
Sin embargo, es fundamental el diseño e implementación de una estructura institucional que prevea el desarrollo de políticas públicas que rompan con la actual división sexual del trabajo y que contemple un rediseño fiscal para asegurar la sostenibilidad de un sistema integral de cuidados (CEPAL, 2022). Es decir, una política fiscal que contribuya a superar la división sexual del trabajo y la injusta organización social del cuidado mediante estrategias que permitan ampliar la oferta de trabajos decentes y bien remunerados para las mujeres (Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal, 2021).
En este marco, el proyecto de ley “Cuidar en Igualdad”, remitido por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso en mayo del 2022, se erige como una medida clave. Plantea justamente la creación de un “Sistema Integral de Políticas de Cuidados en Argentina” (SINCA), que promueve el reconocimiento, la corresponsabilidad y la redistribución de los trabajos de cuidados entre el sector público, el sector privado, las familias y las organizaciones comunitarias. Para ello, promueve la ampliación de la oferta de servicios e infraestructura de cuidados, implementa una profunda modificación en el régimen de licencias público y privado, cuyo financiamiento será cubierto por la seguridad social, y contempla la afectación de un porcentaje del presupuesto al desarrollo de infraestructura pública de cuidados.
En otras palabras, esta norma conjuga los 3 ejes básicos de la economía del cuidado: tiempo, dinero y servicios para cuidar.
Sin embargo, desde su envío a Diputados, el proyecto de ley no ha presentado avances. Ante este panorama, sin dejar de lado la relevancia de las políticas focalizadas que se han desarrollado, es fundamental que el tema no pierda vigencia y sea prioritario en la agenda del Congreso. La sanción de una norma que cree un sistema integral de cuidados resulta primordial para asegurar tanto la perdurabilidad de este tipo de políticas como el acceso al derecho al cuidado en sí.
En este marco, resulta clave el rol del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, que encabezó la Comisión Redactora del proyecto de ley, así como de los movimientos feministas y organizaciones de derechos humanos que lograron poner este reclamo en la agenda pública.
Referencias:
Rodríguez Enríquez, C. (2013), Organización social del cuidado y políticas de conciliación: una perspectiva económica, en Pautassi, L. y Zibecchi, C., Las fronteras del cuidado: Agenda, derecho e infraestructura, Buenos Aires, ELA, Edit. Biblos.
Este artículo se escribió en el marco de la materia “Diseño e Implementación de Políticas Públicas en Argentina” de la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad Torcuato Di Tella.
