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Un conocido refrán en Argentina reza que “Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires”. Es porque desde la creación del Virreinato del Río de La Plata, en 1776, el peso de la Aduana de Buenos Aires generó relaciones asimétricas en favor de los porteños frente al resto de los habitantes de la naciente Argentina. De allí en más, la cuestión se acentuó y se profundizó. Como consecuencia de esa relación, y producto de la dependencia de la trayectoria y de que los empleos trabajo-intensivos se localizaron mayormente en Buenos Aires, encontramos hoy una concentración territorial excesiva en una porción mínima de nuestro país. Entonces, naturalmente, gran parte de lo bueno y lo malo que pasa en nuestro país se concentra en la hoy célebre región denominada AMBA. Nuevamente esta cuestión toma preponderancia por ser un el foco de concentración de la pandemia de Coronavirus, principalmente por ser el caldo de cultivo ideal para la expansión de los contagios.

Hoy en día, según datos de la Fundación Metropolitana, en el 0,4% de la superficie del país encontramos más de un 35% de la población, un 38% del padrón electoral y un 48% del PBI. El AMBA es termómetro de la situación social, inclina las elecciones nacionales y produce la mitad de lo que hacemos en nuestro país. Todo eso en 13.000 km2.

Además, la provincia de Buenos Aires aporta aproximadamente un 38% a la recaudación nacional pero solo recibe de regreso un 22% de las transferencias automáticas, lo que convierte a la provincia en la que recibe la menor cantidad de transferencias federales per cápita por la repartición secundaria de coparticipación. Y si bien gran parte del gasto del gobierno nacional (subsidios tarifarios y de transporte, entre otros) es destinado a los bonaerenses, hay un gran desfase en el reparto de coparticipación que establece la Ley 23.548 y una deuda constitucional por un régimen de coparticipación que tenga criterios objetivos de reparto. El sistema actual, según algunos especialistas, no se basa en criterios objetivos como la población, ni los niveles de pobreza o de necesidades insatisfechas.

Naturalmente, esta cuestión ha sido discutida extensamente. Con propuestas de distintas soluciones políticas a una deuda territorial que reclama ser saldada mediante el desarrollo integral y equitativo de todos los argentinos, independientemente de donde vivan. En definitiva, este artículo no pretende abarcar exhaustivamente la cantidad de debates que se desarrollaron, pero sí mencionar algunos de los que consideramos más relevantes y analizar su conveniencia a partir de indagar sobre sus potenciales virtudes y defectos. Pasemos a enumerarlos.

1. División de la Provincia de Buenos Aires y división de La Matanza.

Menciona bien Marcela Ternavasio que tres días después de su asunción como representante del territorio nacional, en 1826, Rivadavia presentó al Congreso el proyecto de Ley de Capitalización. “En él se declaraba a Buenos Aires capital del poder nacional, a la que se subordinaba un territorio en la superficie que iba desde el Puerto de Las Conchas (actual Tigre) y el Puente de Márquez (Paso del Rey) hasta Ensenada. La Provincia de Buenos Aires se organizaba en La Provincia del Salado, con capital en Chascomús, y la de Paraná, con capital en San Nicolás.” El proyecto de división de la Provincia de Buenos Aires está latente hoy y ha sido presentado en varias ocasiones por personas como Andrés Malamud y Lucas Llach. Otros, como Daniel Scioli, han propuesto alternativas como la subdivisión a través de entidades intermedias entre los municipios y la provincia. La discusión sigue vigente detrás de cualquier discusión sobre desarrollo territorial de nuestro país. Circula en todas las mesas de café.

¿Qué argumentos son los que se exponen a favor de la división? Ganar cercanía en términos de representación. Esto permitiría, a priori, focalizar sobre las problemáticas específicas y en la provisión de bienes públicos según las necesidades de los distritos. Pensemos que la región del conurbano de la Provincia, según Zarazaga y Ronconi, concentra ¾ partes de la población del territorio, 40% de la pobreza del país y 28% del electorado nacional. Las voces que no están de acuerdo manifiestan que proyectos estructurales de estas dimensiones implican una inversión pública que no tiene relación con el contexto actual (pensemos en lo que implicaría regionalizar la administración pública y los esfuerzos en generar nuevos distritos que comiencen desde la misma línea de largada en la carrera), así como los posibles riesgos políticos de una delimitación que favorezca a determinados actores políticos en detrimento de otros.

Respecto a La Matanza, los argumentos van en la misma línea. Cuenta con una población de 1,78 millones de habitantes según el censo de 2010, solo superada, a escala provincial, por Tucumán, la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fé, y la Provincia de Buenos Aires. Suena lógico dividir un territorio para capturar mejor la heterogeneidad de las necesidades de sus ciudadanos, pero hay que tener cuidado observando la inversión pública necesaria, la infraestructura actual y posible de cada uno de los potenciales distritos, y no configurar espacios sociales y políticos que solo repliquen pobreza y una menor calidad de vida para sus habitantes.

2. Mudanza de la Capital Federal.

Otro proyecto que se pensó a la luz de corregir la deuda sociodemográfica nacional fue la mudanza de la Capital Federal. En esta línea, en la época de Alfonsín surgió el Proyecto Patagonia. Con la idea de revalorizar el territorio federal, atraer inversiones y descentralizar la economía se propuso como candidato al territorio ocupado por Viedma (Río Negro) y Carmen de Patagones (Buenos Aires). Viedma contaba con un puerto y una región despoblada, en términos relativos, que podía encontrar en este proyecto un impulso para su desarrollo y, consigo, el del sur de nuestro país. Incluso Juan Pablo II llegó a visitarla en un gesto político de apoyo a la medida. Nuevamente, la inercia de los problemas coyunturales argentinos y la oposición de sus detractores por el elevado costo de la operación obturaban el proyecto. En los últimos años del segundo gobierno de Cristina Fernández el presidente de la cámara de diputados, Julián Domínguez, manifestó su intención de trasladar la capital, pero ahora al norte del país. La idea, que nunca prosperó, tenía su principal eje en reducir las asimetrías entre el norte y el resto de nuestro territorio. ¿Es posible?

3. Representación Política del AMBA

Por último, quisiéramos revisar un mecanismo tal vez más indirecto que podría alterar los desequilibrios estructurales que mencionamos y que tiene que ver con la sub-representación política que sufre la Provincia de Buenos Aires con respecto al resto del país. La lógica es comprender que un mayor bloque político que represente a este distrito podría traducirse en decisiones que garanticen reparto de recursos de manera equitativa más allá de donde uno viva. En suma, parece importante implementar un sistema de reparto basado en criterios territoriales, demográficos y socio-económicos como proponen las múltiples reformas al arbitrario laberinto de la coparticipación vigente..

Básicamente, el origen de la sub-representación (y la sobre-representación de otros, como contracara) data de los procesos de dictadura. Principalmente (aunque no únicamente), con la sanción de los decretos ley 22.830 y 22.847, que asignaron un piso de 5 diputados por provincia, rompiendo con el principio de igualdad democrática en el que se basa la cámara de Diputados que indica que allí una persona equivale proporcionalmente a un voto. (A diferencia de la cámara de Senadores, cuyo propósito igualar a cada provincia y, entonces, todas tienen 3 senadores independientemente de su población que, si fuera el criterio de asignación de los senadores, nos transformaría en la institución con la mayor desproporcionalidad del mundo.) Además, la asimetría de Diputados se potenció tras no actualizar los escaños en relación con la movilidad de población que determinan los Censos Nacionales.

Entonces, la Cámara de Diputados, a pesar de tener un sistema proporcional, presenta una enorme sobre-representación de provincias pequeñas y una sub-representación de provincias grandes. La más perjudicada es la provincia de Buenos Aires.

Concretamente, por ejemplo, según estimaciones realizadas con el Censo 2010, en Tierra del Fuego hay un diputado cada 25.238 habitantes, mientras que en la Provincia de Buenos Aires hay un diputado cada 222.278 personas. Sus votos valen menos. Pese a que en 2018 la Cámara Electoral ordenó a la Cámara de Diputados actualizar su composición, eso no sucedió y, sólo actualizando la legislación vigente a la demografía de hoy (sin tocar los mencionados pisos de 5 diputados por provincia), la Provincia de Buenos Aires debiera tener 30 legisladores más. Así, tendría 100/324 diputados (31% de la cámara) y no 70/257 (27%). Ni hablar si sólo nos guiásemos por cociente y eliminásemos el número mínimo de legisladores por provincia. Allí, la Provincia de Buenos Aires pasaría a conformar el 39% de la cámara.

Las consecuencias de este fenómeno son de lo más diversas, y exceden a la provincia de Buenos Aires. Una de las más perjudiciales para garantizar la equidad en la distribución de los recursos es lo que Gibson y Calvo han llamado el “síndrome de los distritos de bajo mantenimiento”, según el cual la combinación de provincias demográficamente pequeñas pero legislativamente muy sobrerrepresentadas genera fuertes incentivos para que los recursos fiscales federales y sobre todo las transferencias discrecionales de recursos sean orientados hacia las provincias políticamente “baratas” para obtener respaldo legislativo.

Para finalizar, vale la pena escuchar a uno de los protagonistas del día a día de la política bonaerense, el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, quien argumenta que en días como hoy “Más claramente, se evidencian más que nunca los desafíos que enfrentamos y la mayor atención que necesita en lo político y económico la población que habita esta zona del país”. Asimismo, Rodrigo Zarazaga aclara: “Cuando uno pregunta los tres temas por los que, por ejemplo, viene a Buenos Aires una persona que, por ejemplo, nació en el Chaco y le gusta su lugar, (…) la respuesta es empleo, algún problema de salud que era imposible de atender allá y la dificultad para que los hijos estudien. Hay que brindar esas tres cosas en las provincias, para que no resulten expulsivas”. Ojalá que la crisis provocada por el coronavirus nos sirva de oportunidad para repensar y actuar sobre estas problemáticas estructurales.


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Gonzalo Vronkistinos

Licenciado en Ciencia Política (Universidad de San Andrés). Especialista en Diseño y Evaluación de Políticas Públicas (U.Pompeu Fabra) y en Desarrollo Territorial y Gestión Municipal (FLACSO)

Martín De Simone

Martín E. De Simone (@desimonemartin) es Master en Políticas Públicas por la Universidad de Princeton, donde también tiene una especialización en Desarrollo internacional, y licenciado en Ciencia Política por la Universidad de San Andrés. Martín se especializa en políticas de desarrollo humano, de educación y contra la violencia. Actualmente, es especialista en educación en el Banco Mundial, donde trabaja en diseño, implementación y evaluación de proyectos educativos en África Sub-Sahariana y en análisis de temas educativos y de capital humano a nivel global. Antes de unirse al Banco Mundial, Martín trabajó para varios gobiernos, think tanks y organizaciones de la sociedad civil en la intersección entre desarrollo humano, educación y violencia, así como en reformas institucionales, tanto en Argentina como en Europa, Africa y America Latina. Martín fue Director de Articulación Educativa de la Seguridad en el gobierno argentino, donde lideró varios programas en coordinación con universidades nacionales. Es también miembro del Centro de Desarrollo Humano de la Universidad de San Andres y del Centro de Políticas Estratégicas y Asuntos Globales de la misma institución. Martin es además co-fundador y director de Abro Hilo, una iniciativa para fomentar el debate sobre temas estratégicos para el desarrollo de Argentina.

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