El reto de formar líderes con perspectiva climática

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Los desafíos de la agenda ambiental y climática no son pocos. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es reflejo de ellos. Los efectos del cambio climático provocado por las actividades humanas ya pueden verse. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, y con gran consenso científico, la quema de combustibles fósiles ha provocado que las concentraciones de gases de efecto invernadero se encuentren en su nivel más elevado. Y esto, junto al desmonte de los bosques, el excesivo consumo energético y la inadecuada gestión de enormes volúmenes de residuos, nos conduce a sufrir sequías o lluvias intensas, deshielo de los polos, incendios y pérdida de biodiversidad.

En Argentina se reconoce también la vulnerabilidad ambiental, económica y social frente al cambio climático. Desde el Ministerio de Ambiente confirman que desde 1960 en adelante se han observado temperaturas más extremas, olas de calor persistentes, cambios en los registros de precipitaciones y períodos de sequía más largos, lo que crea condiciones para devastadores incendios. Además, las amenazas a futuro son apremiantes. 

“Argentina es un país altamente vulnerable, que necesita adaptarse, dado que posee gran diversidad de zonas susceptibles a los efectos del cambio climático” advierte la Segunda Declaración Nacional de Contribuciones Determinadas. Las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional son los compromisos asumidos por los distintos países que forman parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y que llevarán a cabo para intensificar sus acciones de mitigación o adaptación al cambio climático de acuerdo a sus circunstancias y capacidades. En este documento se detallan algunos fenómenos adversos que podrían observarse en nuestro país como consecuencia del cambio climático. Por ejemplo, se anuncia que en el noroeste y cuyo argentino podría haber dificultad para el acceso al agua, y en el noreste, bajantes extraordinarias de los ríos y propagación de enfermedades como dengue y fiebre amarilla. Por otra parte, la Patagonia sufriría el ascenso del nivel del mar por los deshielos tempranos, mientras que en la zona centro, aumentaría la frecuencia y duración de las altas temperaturas, lo cual en todos los casos impactaría en diversas actividades económicas como la agricultura, ganadería, turismo, entre otras. 

Enfrentar estos desafíos demanda el compromiso de todos los sectores sociales, tales como el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía. Inclusive de quienes gobiernan, sobre todo en aquellos países que aún requieren desarrollarse. La disyuntiva entre el desarrollo y la preservación del ambiente obliga a los tomadores de decisiones a incorporar una mirada integral de la sustentabilidad. Este es el caso de la explotación no convencional de combustibles fósiles en Vaca Muerta, que a la vez que aparece como una oportunidad para la exportación, el ingreso de divisas y el desarrollo regional, amenaza con los vertidos de agua contaminada, las fugas de gases y los derrames de petróleo. La disyuntiva está planteada. Es urgente la incorporación de la perspectiva ambiental. El dilema radica, entonces, en el cómo

Diversas iniciativas en Argentina apuntan ya a la educación ambiental formal, sobre todo de niños y adolescentes en edad escolar. Se destacan, así, experiencias locales como el Programa Escuelas Verdes en la Ciudad de Buenos Aires y la propuesta Escuelas Sustentables en Vicente López. Sin embargo, ¿cómo educar a los funcionarios que ocupan hoy lugares de decisión y que no fueron formados con una perspectiva ambiental? La construcción de un modelo de desarrollo sustentable requiere la incorporación de valores y conocimientos por parte de los líderes políticos para la toma de decisiones individuales y colectivas basadas en información científica.

En Argentina, la sanción de la Ley Yolanda Nº 27.592 en 2020 impulsó la sensibilización y capacitación obligatoria en materia ambiental de todos los empleados y empleadas de la función pública, en todos sus niveles, poderes y jerarquías. Inspirada en Yolanda Ortíz, la primera mujer en ejercer un cargo público dedicado a la gestión ambiental, la ley tiene por objetivo que los funcionarios públicos incorporen saberes ambientales para el diseño, planificación e implementación de políticas públicas que contribuyan al desarrollo sostenible con énfasis en el cambio climático. Pero ¿es suficiente la alfabetización ambiental? ¿asegura resultados? ¿cuánto demora? ¿puede acaso ser un requisito previo para la ocupación de cargos públicos?

La particularidad de esta ley radica en el espíritu transversal de la formación en ambiente consciente de la interacción entre sociedad, naturaleza y desarrollo, y que como la Ley Micaela provoca demoras, tensiones y resistencias. En un paralelismo, la Ley Micaela propone la formación integral a partir de la adquisición de herramientas y sentidos comunes que cuestionen la desigualdad y la discriminación. En definitiva, ambas leyes tienen puntos coincidentes: implican, bajo un nuevo paradigma, incorporar competencias éticas y políticas que permitan resolver conflictos de intereses, en los que se confronte el interés público y los intereses privados, y promover la innovación y el cambio social en pos de enfrentar problemas estructurales, construidos y heredados.

Esta iniciativa surge en un contexto internacional demandante. Y así la Ley Yolanda encuentra su réplica en Chile por medio de la Academia Adriana Hoffman, y en España a través del Programa de Formación Ambiental CENEAM con los que se capacita al sector público en el marco legal ambiental.

Si bien en Argentina su aplicación resulta aún reciente, su necesidad es urgente. Argentina asumió en 2015 compromisos internacionales en el Acuerdo de París para adaptarse y mitigar el Cambio Climático, y debe dar cuenta de esto. También leyes ambientales como la de conservación de humedales y de gestión integral de envases con inclusión social esperan su tratamiento en el Congreso de la mano de legisladores formados en conciencia ambiental. Hasta agosto de 2022, 375 hectáreas de tierras se vieron afectadas por incendios arrasadores, entre las que se encuentran las provincias de Corrientes, Misiones y Chubut. Y más de 200.000 recuperadores urbanos de todo el país esperan ver fortalecidos sus sistemas locales de gestión de residuos. Los desafíos son muchos y estamos en tiempo de descuento.

 


Este artículo se escribió en el marco de la materia “Diseño e Implementación de Políticas Públicas en Argentina” de la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad Torcuato Di Tella.


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Milagros Pérez Druille

Licenciada en Gobierno y Relaciones Internacionales por la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). Tiene un posgrado en Comunicación Política e Institucional por la Universidad Católica Argentina (UCA). Docente de nivel secundario. Coordinadora General en la Gerencia Operativa de Educación para la Sustentabilidad en Ministerio de Educación GCBA.

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