Gobiernos abiertos para democratizar la democracia

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La confianza en las instituciones es considerada como la base para la construcción de democracias fuertes, la cooperación entre los distintos sectores sociales y el desarrollo económico. Por eso, autores como Acemoglu y Robinson (2012) sostienen que la calidad de las instituciones ayuda a explicar el desarrollo a largo plazo de las naciones, en tanto que esta depende no solo de la eficiencia en la provisión de bienes y servicios, sino que también de su confianza percibida (Christensen y Laegreid, 2005).

Sin embargo, el escenario en América Latina arroja cifras preocupantes. De acuerdo con el Latinobarómetro de las Américas de LAPOP (2018/2019), los niveles de legitimidad política son bajos en la región. En la mayoría de los países, el apoyo al sistema es menor al 50%, en tanto que en Argentina este valor es del 45.9%. A su vez, la confianza en la democracia en la región parece estar en jaque: en 2019, el 39.6% de la ciudadanía estaba satisfecha con su funcionamiento, mientras que en 2010 el 58.7% decía estarlo. Esta caída podría haber empeorado aún más en el contexto actual de la pandemia de COVID-19.

 

 

 

Los resultados muestran que, si bien la preferencia por la democracia como sistema político es mayoritaria en la región, el apego a sus valores está en descenso y se vislumbra una brecha entre representantes y representados. Así, aparecen preguntas e interrogantes que denotan una crisis de representación que puede verse, por un lado, en el agotamiento de los sistemas tradicionales como canalizadores de las demandas sociales y la emergencia de liderazgos emergentes con trayectorias fuera de “la política”. Un ejemplo de este fenómeno son los últimos sucesos en Perú. Luego de cuatro presidencias en los últimos cuatro años, los dos candidatos más votados sumaron apenas el 32% de los votos en las elecciones presidenciales de abril pasado. De confirmarse la victoria en una convulsionada segunda vuelta electoral, ganaría por un margen ajustado Pedro Castillo. El dirigente sindical rural, sin antecedentes conocidos en conducción política, aparece como un candidato emergente y que presentó medidas para la construcción de un Perú más equitativo y fue capaz de ganar el apoyo de los sectores más vulnerables del interior del país. Por otro lado, la crisis de representación puede observarse también en la reivindicación recurrente de la movilización social y virtual como formas de incidir en la agenda pública. Por ejemplo, a partir del “estallido social” de octubre de 2019 en Chile, la sociedad cuestionó un modelo que no otorga bienestar suficiente a toda la población. El cambio de la Constitución fue una de las principales demandas y, un año más tarde, el plebiscito nacional decidió por mayoría aprobar el cambio de la Carta Magna (que fue redactada bajo la dictadura militar de Augusto Pinochet). Consecuentemente, las elecciones presidenciales y legislativas de finales de 2021 se realizarán mientras que la Convención Constituyente redacta la nueva Constitución. 

Este contexto evidencia que los Estados se enfrentan al desafío de democratizar la democracia, es decir, aumentar la comunicación y colaboración entre los gobiernos y la sociedad a través de políticas capaces de articular la participación política tradicional (a través del voto) con otros tipos de participación. Por eso, se vuelve imperante superar la premisa del paradigma minimalista de la democracia popularizada por Joseph Schumpeter (1942), que la reducía a un método de selección de las élites gobernantes. Siguiendo a  Carole Pateman (1970) -teórica política y feminista británica-, para ser efectivamente democrática, la participación debe ser tanto deliberativa, es decir, orientada al debate acerca de las cuestiones de interés público, como activa: capaz de incidir en la toma de decisiones sobre el sentido que esos temas deben ser resueltos.

El enfoque de gobierno abierto emerge como una respuesta a la crisis de representación política y una manera de abordar el desafío de democratizar la democracia. Si bien se popularizó y difundió a través del Memorándum de Transparencia y Gobierno Abierto impulsado por Barack Obama en el año 2009, el concepto de gobierno abierto puso en palabras tendencias que se venían desarrollando de antemano, como los movimientos que bregaban por mejorar el acceso a la información y los procesos de digitalización del Estado. 

Pero, ¿por qué un gobierno tiene que ser abierto? Justamente, como propone la especialista en procesos de participación ciudadana Rocío Annunziata (2009), un gobierno tiene que ser abierto porque es democrático. Así, el enfoque de gobierno abierto anclado en la teoría democrática promueve gobiernos más cercanos, que rinden cuentas de sus acciones, recogen demandas ciudadanas, incorporan la visión de la ciudadanía en los procesos de decisión pública e involucran a diversos sectores en la resolución de problemáticas de agenda pública. 

Gobiernos más abiertos se construyen a través de la interrelación de los principios de transparencia, rendición de cuentas, participación e innovación que se materializan en planes articulados entre distintos niveles, poderes y sectores de la sociedad. Estos ponen en práctica mecanismos concretos como consultas públicas, catálogos de datos abiertos, observatorios, presupuestos abiertos y participativos, auditorías sociales, laboratorios de innovación, entre otros.

Siguiendo los acontecimientos que sucedieron al estallido social en Chile, allí se implementó el mecanismo de gobierno abierto “democracia por sorteo” o “deliberación pública”, para que chilenas y chilenos elegidos aleatoriamente deliberen sobre el sistema de pensiones y de salud. De esta manera, Lxs 400 – Chile es una iniciativa multisectorial -impulsada por la sociedad civil, las instituciones académicas y el Senado- que consistió en un ejercicio deliberativo entre 400 personas seleccionadas por sorteo, con el objetivo de obtener resultados estadísticamente significativos de la opinión del país. Los hallazgos fueron entregados a la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado y servirán como insumos para la redacción de la nueva Constitución.

En Argentina, el área nacional responsable de impulsar el enfoque de gobierno abierto es la Secretaría de Innovación Pública, quien entiende al enfoque de gobierno abierto, no como un fin en sí mismo, sino como un medio para fortalecer y democratizar las instituciones. Desde esta perspectiva, nuestro país se destaca por su liderazgo internacional en gobierno abierto y cuenta con numerosos desarrollos normativos relativos a esta agenda. Ingresó a la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés) en el año 2012 y ocupó la co-presidencia entre octubre de 2019 y septiembre de 2020. Cabe destacar que OGP es una iniciativa multilateral de gran relevancia en la agenda que actualmente está conformada por más de 75 Estados miembros y 76 jurisdicciones locales que trabajan de manera articulada con más de 3000 organizaciones de la sociedad civil en todo el mundo.

Si bien queda mucho camino por recorrer, Argentina tiene una amplia trayectoria en la agenda. Actualmente, está elaborando un Plan Estratégico de Gobierno Abierto (2020-2023) que permite ir un paso más allá de los planes de acción de OGP, y construir una política de Estado articulada capaz de brindar un marco de acción para impulsar, diseñar e implementar iniciativas de gobierno abierto a lo largo y ancho del país. Este prevé acciones en colaboración con los distintos poderes del Estado nacional, provincias, municipios, organizaciones de la sociedad civil, entre otros. 

El Plan considera específicamente el eje federal como prioritario en un contexto en que los gobiernos locales y provinciales son actores clave en el desarrollo de gestiones transparentes e innovadoras para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Por eso, el Programa Federal de Gobierno Abierto promueve la capacitación e implementación de proyectos de gobierno abierto en provincias y municipios de todo el país. A su vez, la iniciativa incluye un curso autogestionado de introducción al enfoque, que está disponible para toda la ciudadanía a través de la Plataforma de Aprendizaje Virtual. 

En suma, para hacer frente a los desafíos del país y la región, debemos impulsar gobiernos abiertos que permitan restaurar la confianza y democratizar la democracia. Solo aumentando la comunicación entre la sociedad y los gobiernos es posible democratizar los procesos políticos y amplificar voces que puedan plasmarse en políticas públicas inclusivas, efectivas y sostenibles en el tiempo.


Referencias:

  • Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty. Currency.
  • Annunziata, Rocio (2009). La participación ciudadana: nuevas formas y conceptos. V Jornadas de Jóvenes Investigadores. Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.
  • Christensen, T., y Laegreid, P. (2005). Trust in government: The relative importance of service satisfaction, political factors, and demography. Public Performance & Management Review, 28(4), 487-511.
  • Joseph, S. (1942). Capitalism, socialism and democracy. Social Science Electronic Publishing, 27(4), 594-602.
  • Pateman, C. (1970). Participation and democratic theory. Cambridge University Press.

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Camila Giuliano

Camila Giuliano es Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de San Andrés y Responsable de Proyectos Federales de la Dirección Nacional de Gobierno Abierto en la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.

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