El grado de apertura y transparencia de las instituciones públicas tiene consecuencias directas en sus capacidades y su funcionamiento. Cuanto mayores sean sus niveles de rendición de cuentas, mejor pueden desarrollar sus tareas, que en el caso de los poderes legislativos es representar, legislar y controlar a los demás poderes del Estado.
Medir el grado de transparencia de una institución pública como el Congreso de la Nación se vuelve una fuente potente de información para realizar reformas que mejoren su funcionamiento. Por este motivo, la Fundación Directorio Legislativo en conjunto con la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa mide el grado de apertura de 11 congresos de la región cada 2 años desde 2012. La próxima medición se realizará en el mes de octubre. A partir de los resultados del Índice, se aspira a influir positivamente en el nivel de transparencia y participación ciudadana de los congresos evaluados con el objetivo de legitimar su labor frente a la ciudadanía y acortar la brecha entre representantes y representados.
Según los resultados del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa, aplicado por última vez en 2018, el Congreso argentino quedó ubicado en el puesto 9 entre 11 congresos analizados, con una puntuación de 46,84 sobre 100. Su ubicación en los últimos lugares de la tabla no es novedosa. Desde su primera aplicación en 2012, nuestro Congreso no logra separarse de los últimos puestos por deudas históricas como la transparencia del trabajo en las comisiones o en los equipos de trabajo de los legisladores.
Teniendo en cuenta estos valores, los desafíos que enfrenta el Congreso de la Nación de Argentina son, en primer lugar, la generación de más y mejores mecanismos de comunicación entre los legisladores y la ciudadanía para involucrarla en la toma de decisiones. En segundo lugar, la optimización del cumplimiento de las normativas de transparencia y el impulso de nueva normativa de apertura parlamentaria. En tercer lugar, la publicación de información completa y de forma accesible en formatos abiertos.
Los congresos de la región, y particularmente el argentino, aún entienden la transparencia y participación de forma limitada; publican la información que consideran oportuna y esperan que los ciudadanos la “consuman”. Sin embargo, como demuestra el Índice mencionado anteriormente, aunque el Congreso argentino haya mostrado algunos avances con la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública en 2016, la completa implementación de esta ley sigue estando pendiente.
Por otro lado, queda también mucha información por dar a conocer durante el proceso de sanción de las leyes. Por ejemplo, si hoy un ciudadano quiere participar del debate legislativo no sabría cómo hacerlo. No puede acceder a un documento de trabajo de las comisiones, ni enterarse con antelación de los temas que se discuten. No se publica la agenda de estas reuniones hasta horas antes de su tratamiento, ni se publica el proyecto hasta tanto no sea un “dictamen”, es decir, hasta que no sea un acuerdo cerrado y listo para ser tratado en el recinto. Esto dificulta mucho la participación de los sectores afectados por la normativa en discusión.
Un ejemplo sumamente actual de esto es el proyecto de ley ‘Plan de Auxilio, Capacitación, Infraestructura y Promoción del Turismo Nacional” que se encuentra en debate en la Cámara de Diputados. Hasta tanto las 3 comisiones pertinentes (Turismo, Defensa de la Competencia y Presupuesto y Hacienda) no hayan aprobado el texto, no será público. A pesar de que ya fue analizado, debatido y aprobado en 2 de ellas, no es público ya que aún resta que Presupuesto y Hacienda lo apruebe. Este ha sido un fuerte reclamo por parte de las organizaciones de la sociedad civil como Directorio Legislativo, dado que acceder a los textos que están en discusión es muy relevante a la hora de hacer seguimiento del trabajo legislativo.
Otra de las dificultades en el camino de transparentar el trabajo en el Congreso, es que las políticas de modernización y apertura dependen casi exclusivamente de las gestiones de los Presidentes de Cámara. Estas políticas no se piensan como reformas estructurales a largo plazo, ni se trabajan de manera conjunta entre ambas Cámaras. A lo largo de los años nos encontramos con fuertes diferencias entre los avances de una respecto a la otra. El Senado y la Cámara de Diputados deben poder trabajar en conjunto, pudiendo aprender de las experiencias de una y otra cámara en materia de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, entendiendo que el Congreso de la Nación es una sola institución.
En conclusión, las políticas de transparencia legislativa deben ser atendidas con urgencia. Sobre todo teniendo en cuenta que en el contexto de la pandemia las autoridades de ambas cámaras han suspendido las respuestas a los pedidos de acceso a la información pública por considerarlo derecho no esencial. Es preciso que la apertura sea una práctica constante para que esto se traduzca en información no sólo veraz y completa, sino también actualizada.
