La diplomacia de derechos humanos argentina, ¿en jaque?

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“A partir de este juicio y esta condena, el pueblo argentino recuperará su autoestima, su fe en los valores en base a los cuales se constituyó la nación y su imagen internacional severamente dañada por los crímenes de la represión ilegal”.

(Strassera, 1985. Alegato final en el Juicio a las Juntas Militares)

 

“Señores jueces, nunca más” pronunciaba Strassera en 1985 en su alegato final en el Juicio a las Juntas Militares. Con la sentencia del 9 de diciembre, Argentina se convertía finalmente en pionera internacional en la lucha por el respeto a los derechos humanos. Nuestra nación parecía recuperar su imagen internacional severamente dañada durante la última dictadura militar. 

La protección de los derechos humanos y la militancia para y por su preservación han sido lo que podríamos llamar una política de estado para Argentina: el informe Nunca Más, el Juicio a las Juntas, la creación de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, el uso de la palabra “desaparecidos” o la expresión “desaparición forzada” dieron lugar a una postura nacional indiscutida a través del tiempo. Argentina ha sido, desde la brutal y cruel última dictadura sufrida por nuestro pueblo, protagonista y difusor internacional de la importancia de preservar los derechos humanos (Sikkink, 2008). Tal vez, una de las posturas más coherentes y estables que nuestro país haya tomado desde la vuelta a la democracia. Diversos análisis pueden realizarse sobre cómo un país en desarrollo logró ser tan influyente a nivel internacional y cuáles son los beneficios de hacerlo: podríamos hablar de la difusión de normas internacionales y dialogar con Finnemore (1996) o sobre el soft power que propone Nye (2004), tal como lo explica Sikkink (2008). Pero no es en ese análisis, más bien histórico, en lo que este trabajo busca detenerse. Todo lo contrario, hablemos de la Argentina de hoy.

En los últimos días, se ha desatado una nueva polémica que ¿pone en duda? el histórico rol mencionado previamente. Frente a la detención de 13 dirigentes opositores al gobierno nicaragüense,  Argentina emitió una declaración conjunta con México en la que ambos países explican los motivos por los que no acompañaron la resolución de la OEA que apunta al gobierno de Nicaragua y sostiene que es necesario “[c]ondenar inequívocamente el arresto, acoso y restricciones arbitrarias impuestas a los precandidatos presidenciales, a los partidos políticos y a los medios de comunicación independientes, y pedir la inmediata liberación de los precandidatos presidenciales y de todos los presos políticos.”. La resolución emitida por el Consejo Permanente del organismo fue aprobada por el voto favorable de 26 países, la abstención de 5 y la negativa de 3. 

Según la declaración conjunta mencionada previamente, el no acompañamiento a la resolución de la OEA tiene que ver con respetar el principio de no intervención por el que se rigen las relaciones entre Estados en la sociedad internacional. Si bien se trata de una máxima que, sin dudas, se encuentra consagrada y debe respetarse en la arena global, no debemos olvidarnos de Krasner (1999) y su idea de que la soberanía de los Estados también implica cuidar a sus ciudadanos. Un dilema difícil de resolver, pero no imposible: son varios los mecanismos que pueden utilizarse para ejercer presión internacional sobre un país si realmente se cree que está violando derechos humanos, como, por ejemplo, sanciones económicas. ¿Por qué Argentina no acompañaría una medida regional que, por lo menos discursivamente, busca proteger esos derechos humanos y libertades democráticas que históricamente hemos exportado? Antes de tratar de responder esta pregunta, me gustaría mencionar brevemente dos casos más que se han dado durante el último año y que se alinean con esta nueva “inconsistencia” en lo relativo a DDHH y política exterior de nuestro país. 

Ambos episodios se relacionan con la crisis humanitaria en Venezuela. Si bien Argentina es firmante del Informe Bachelet, entre 2020 y 2021 tuvieron lugar dos acciones desde la Cancillería argentina que también generaron polémicas internas respecto a nuestro rol en la promoción de la preservación de los DDHH: la salida del Grupo de Lima y no firmar, en diciembre, la carta del Grupo Internacional de Contacto por Venezuela -a pesar de habernos incorporado a dicho grupo en agosto de 2020-, que declaraba fraudulentas las últimas elecciones en dicho país y recordaba la violación a los derechos humanos llevada a cabo por el gobierno de Maduro. Los dos episodios parecerían ser guiños de amiguismo hacia el régimen venezolano.  

Ahora bien, planteados los hechos, volvamos a la pregunta: ¿por qué Argentina no acompañaría una medida regional que, por lo menos discursivamente, busca proteger esos derechos humanos y libertades democráticas que históricamente hemos exportado? ¿Son esos motivos lo suficientemente buenos? ¿Dónde nos dejan parados? Creo que las respuestas podrían ser muy diversas, especialmente dependiendo de la disciplina o lente política con la que se lo analice. La verdad absoluta no existe. Sin embargo, mi respuesta se orienta hacia lo siguiente: podría tratarse de un juego ideológico. Ideológico en el sentido de alejarnos de Washington y no distanciarnos de Venezuela o, más bien, de Maduro. Veamos caso por caso. 

El Grupo de Lima, actualmente, está compuesto por Brasil, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú. Hasta marzo del 2021, Argentina formó parte desde su creación en 2017. El objetivo del grupo, creado tras la Declaración de Lima, es apoyar a la oposición venezolana para buscar una salida a la crisis humanitaria en Venezuela. Es decir, “ir en contra” del régimen de Maduro, que no cumple su rol soberano de preservar a sus ciudadanos. Paradójicamente, el 24 de marzo de 2021 Argentina anunció su salida del grupo bajo el argumento de 

considerar que las acciones que ha venido impulsando el Grupo en el plano internacional, buscando aislar al Gobierno de Venezuela y a sus representantes, no han conducido a nada. Por otro lado, la participación de un sector de la oposición venezolana como un integrante más del Grupo de Lima ha llevado a que se adoptaran posiciones que nuestro Gobierno no ha podido ni puede acompañar.

En otras palabras, motivos ideológicos. La paradoja es que cada 24 de marzo Argentina recuerda el inicio de la durísima dictadura militar que vivimos. Por lo que, el día que recordábamos a nuestros desaparecidos y una de las épocas más oscuras de nuestra historia, el gobierno decidía partir de un espacio que, por lo menos en el discurso, busca luchar justamente contra las violaciones a derechos humanos. No, no es un espacio perfecto. Sí, tal vez responda a otros motivos menos altruistas. Mucho se habla, por ejemplo, de que responde a la agenda de Washington. Con lo cual, la salida de nuestro país del grupo podría también significar una búsqueda de alejamiento de Estados Unidos. Nuevamente, un juego ideológico. Pero no es ese el único punto central: también lo es que Argentina se fue porque “nuestro Gobierno no ha podido ni puede acompañar” medidas u opiniones de las que la oposición venezolana forme parte. Y fue un 24 de marzo. 

En segundo lugar, el Grupo Internacional de Contacto por Venezuela reúne a Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, la Unión Europea, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Panamá, Portugal, España, Suecia, Reino Unido y Uruguay y tiene como objetivo promover el “esfuerzo común de fomentar el respaldo a una salida pacífica y democrática de la crisis en Venezuela y facilitar el acceso y aumento de la ayuda humanitaria a este país, particularmente en el contexto actual de expansión de la pandemia de Covid-19“. Es decir, al ser parte, se reconoce que existe una crisis humanitaria en Venezuela. Sin embargo, en diciembre de 2020 Argentina no firmó la declaración del Grupo que calificaba de fraudulentas las últimas elecciones en Venezuela y recordaba la violación a los derechos humanos llevada a cabo por el gobierno de Maduro. Otra cuestión de ideología: el gobierno argentino no quiso oponerse públicamente a Maduro; la diplomacia de y por los derechos humanos no supo primar en este caso. Gran contradicción de la diplomacia argentina: incorporarse en agosto de un año a un grupo que tiene un objetivo muy claro y, en diciembre, decidir no ser parte de una declaración que persigue dicho objetivo. 

Finalmente, el tercer y más reciente acontecimiento: el voto negativo en la OEA respecto a la situación en Nicaragua mencionada previamente y la declaración en conjunto con México. Y, sobre esto, algunas cuestiones e interrogantes. En primer lugar, si bien la postura de Argentina no parecería ser adecuada ni alineada con nuestra diplomacia de derechos humanos, debemos recordar que la OEA no es un órgano perfecto y que el liderazgo de Luis Almagro podría ser justificadamente criticado. ¿Qué hacemos, entonces, con nuestra silla en el organismo? Lo cierto es que, en este sentido, contrariar a la OEA podría ser también una manera de posicionarse lejos de Washington. En segundo lugar, ¿no alinearse con la OEA fue también un guiño hacia el gobierno de Daniel Ortega? ¿Qué lógica seguiría esto? Por último, la declaración en conjunto con México no debería llamar tanto la atención si tenemos en cuenta que el 21 de mayo del corriente año la Cancillería argentina publicó que se retomaron las conversaciones comerciales con México

Brevemente analizadas las situaciones, debemos entonces pensar dónde nos dejan parados. Creo que una primera respuesta podría ser que nos posicionan en una situación de contradicciones: alegamos querer trabajar en alianzas en pos de la preservación de los derechos humanos y las libertades democráticas, pero luego hacemos caso omiso cuando los organismos o instancias multilaterales de las que decidimos formar parte alzan la voz. Capítulo aparte, debemos tener en cuenta que estas decisiones potencialmente podrían generar aún más asperezas con nuestros socios del Mercosur. Tal vez, especialmente con Brasil, con quien, como nos cuenta Federico Merke acá, “[n]unca hubo tanta distancia ideológica como hoy.”. 

Entonces, si desde 1985 nuestro país es pionero internacional e indiscutible en materia de derechos humanos y hemos logrado tener una política coherente y estable a lo largo de los años y las diferentes presidencias, ¿por qué lo pondríamos en peligro? Se tarda mucho tiempo en construir confianza, pero se necesita un solo segundo para perderla: no dejemos ir lo que nuestra democracia construyó con tanto esfuerzo.


Referencias bibliográficas

Finnemore, Martha (1996). Norms, Culture, and World Politics: Insights from Sociology’s Institutionalism. International Organization, 50: 325-347. 

Nye, Joseph S., Jr (2004). Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York: Public Affairs. 

Sikkink, K. (2008). From Pariah State to Global Protagonist: Argentina and the Struggle for International Human Rights. Latin American Politics and Society, 50(1): 1-29. Extraído de: http://www.jstor.org/stable/30130837


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Agustina Jacobo

Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de San Andrés. Asesora en diálogo y políticas públicas colaborativas en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

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