La regulación de Cannabis en México: más vale una ley perfectible que la prohibición perpetua

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Es un hecho que el proceso para regular la mariguana en México no ha sido sencillo ni rápido: el dictamen de la Ley Federal para la Regulación de Cannabis ha pasado por numerosos cambios (para bien y para mal) a lo largo de los últimos tres años. Diversas personas, colectivos y organizaciones interesadas en reformar las políticas de drogas desde un enfoque de derechos humanos, justicia social y construcción de paz, hemos insistido en la creación de foros, mesas de diálogo, conferencias de prensa y parlamentos abiertos, con el objetivo de puntualizar y reafirmar nuestras exigencias. Si bien sabemos que esta urgente ley es solo la punta del iceberg para empezar a reparar todo el daño causado por la estrategia prohibicionista y la militarización de la seguridad pública, las personas usuarias, pacientes y cultivadoras merecemos un mercado legal que no nos discrimine, criminalice y, sobre todo, que no nos ponga en riesgo de manera constante. Es urgente no seguir aplazando el ejercicio cabal de nuestros derechos.

Un poco de contexto: en noviembre del 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la prohibición del autocultivo de la planta, ya que infringía el derecho al libre desarrollo de la personalidad. El arduo proceso legislativo apenas marcaba el inicio: necesitábamos ganar cinco casos consecutivos que compartieran los mismos criterios, con el fin de lograr el reconocimiento de este derecho fundamental como personas usuarias de cannabis. Llegamos a la primera meta y conseguimos la jurisprudencia en octubre del 2018, decisión que obligaba a las Cámaras del Congreso a modificar cinco artículos en la Ley General de Salud (LGS), reformar diversas disposiciones del Código Penal Federal (CPF), y legislar en la materia antes del 31 de octubre del 2019.

Es en este punto donde todo empezó a complicarse: el Senado de la República, la Cámara Alta, solicitó una primera prórroga argumentando que se trataba de un proceso sumamente complejo que ameritaba ser revisado con lupa, y se concedió la extensión hasta el 30 de abril del 2020. Hasta ahí todo marchaba bien porque la misma sociedad civil compartía dicho razonamiento, pero no contábamos con la suspensión de sesiones como consecuencia de la llegada del COVID-19. Así que, a pesar de un primer dictamen aprobado en Comisiones en marzo del 2020, las y los senadores solicitaron una nueva prórroga que fue otorgada con fecha límite del 15 de diciembre del 2020.

En noviembre del 2020, la minuta de la Ley Federal para la Regulación de Cannabis consiguió (¡por fin!) llegar al Pleno del Senado y, posteriormente, fue aprobada por mayoría legislativa. Esto nos hizo ver una pequeña luz al final del túnel: después de años de litigio estratégico, cabildeo y presión mediática, el dictamen fue rebotado a la Cámara de Diputados. Sin embargo, la celebración nos duró poco ya que, alegando falta de oportunidad de revisar detenidamente el dictamen aprobado, la Cámara solicitó una tercera prórroga que alargó el plazo hasta el 30 de abril del presente año.

Hoy estamos a unos días de alcanzar dicha fecha límite y, aunque la Cámara de Diputados sí cumplió con el más reciente mandato de la SCJN y aprobó la minuta el pasado 10 de marzo, ésta regresó a su lugar de origen con fuertes rumores (que cada día se vuelven más evidentes) de una cuarta prórroga en puerta.

Dentro del dictamen, se contemplan tres vías de acceso; el autocultivo, las asociaciones cannábicas y un mercado regulado. Para el autocultivo, se podrá tener 6 plantas por domicilio, o hasta 8 si hay más de un adulto que se ha registrado. El establecimiento de las asociaciones cannábicas está permitido hasta 20 miembros, con un máximo de 4 plantas por persona y un límite total de 50 plantas por asociación. De igual forma, el mercado regulado contempla 5 tipos de licencias integrales: fines de producción, distribución, comercialización, investigación y venta al usuario final.

Por supuesto que la ley tiene puntos mejorables y otros sumamente preocupantes. Durante estos tres años, no hemos quitado el dedo del renglón en cuanto a la exigencia de eliminar el delito de posesión simple y las multas administrativas desproporcionadas, ya que son el caldo de cultivo para extorsiones, siembra de evidencia y otras violencias cotidianas a las que son sujetas las personas usuarias en un contexto de prohibición. Por otro lado, antes del dictamen que se aprobó en noviembre en la Cámara de Senadores, teníamos asegurada la integración vertical exclusiva para comunidades cultivadoras, cuestión fundamental para asegurarles protección e insumos para una transición efectiva al mercado legal. Ésta fue eliminada de último momento y sin dar explicaciones contundentes. Asimismo y de manera desafortunada, cuando llegó a Cámara de Diputados se tomó la decisión de eliminar el Instituto de Regulación de Cannabis por falta de recursos, lo que deja más peso sobre la sociedad civil en materia de evaluación, monitoreo y revisión de indicadores. Siguiendo con las malas noticias: a pesar de haber logrado eliminar la necesidad de contar con un permiso para autocultivar, les pareció buena idea incluirlo nuevamente, sobreregulando nuestro uso personal adulto.

A pesar de los fallos en el contenido del dictamen, no podemos desacreditar la magnitud histórica que este representa: ganamos en la retórica política, en el discurso oficial, en la disputa por la narrativa. Recordemos que México es el primer país productor en regular la cannabis para uso adulto, además del primero en hacerlo en respuesta al litigio estratégico y cumpliendo con el mandato de la SCJN que reconoce nuestro derecho al libre desarrollo de la personalidad. Esto no termina aquí, al contrario, tenemos batallas a largo plazo: eliminar el delito de posesión simple del CPF y lograr que las personas cultivadoras sean las principales beneficiadas a pesar de no haberse establecido límites a la integración vertical de las empresas. Necesitamos que el Estado incentive la transición del mercado ilegal hacia uno legal y que establezca parámetros para facilitar que las comunidades puedan adquirir una licencia. La regulación, con sus múltiples errores, abre una puerta distinta y es una respuesta firme a los mecanismos bélicos que caracterizan la respuesta de nuestro país ante cualquier situación. Esperamos que ustedes, amigos de Argentina, nos lean con cercanía, tomen nota de los errores, y poco a poco cubramos con la ola verde a toda América Latina, siendo conscientes de que más vale una ley perfectible que la prohibición perpetua.


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Romina Vazquez

Romina estudió Derechos Humanos y Gestión de Paz por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Ha trabajado en distintas Organizaciones de la Sociedad Civil, donde se ha involucrado en proyectos que brindan asesoría y acompañamiento integral a personas, grupos y comunidades atravesadas por la violencia policial y militar, así como en programas dirigidos a mejorar la calidad de vida de personas privadas de la libertad. Actualmente coordina el área de Comunicación para la Incidencia del Instituto RIA y sus líneas de investigación son los centros penitenciarios, la construcción de paz y la política de drogas.

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