La urgente pero dificultosa necesidad de transitar hacia una matriz energética “limpia”

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La urgente necesidad de impulsar la transición hacia una matriz “no fósil”

La energía es un recurso básico, fundamental y crítico para el desarrollo de cualquier sociedad. No obstante, actualmente la industria energética es el sector económico con mayor emisión de gases de efecto invernadero (GEI) tanto a nivel mundial como en Argentina. El problema de la emisión antropogénica de GEI es que ocasiona un incremento en la temperatura media mundial que resulta en alteraciones en los factores climáticos y ecológicos que sostienen la vida como la conocemos, amenazando desde al rendimiento de la producción agrícola hasta los asentamientos urbanos. De hecho, el mismo sistema energético es vulnerable a esta alteración del ambiente: el aumento de la temperatura promedio puede incidir negativamente en la generación térmica, los eventos extremos cuyo aumento en intensidad y frecuencia se le atribuye al cambio climático pueden dañar infraestructura como oleoductos y gasoductos, el aumento del nivel del mar podría incidir negativamente en la producción de energía off-shore, y la escasez de agua puede ser un gran problema para el proceso de fracturación hidráulica.

Específicamente, las actividades energéticas que más emiten GEI se relacionan con el abastecimiento de energía, dado que un gran porcentaje de su producción proviene de recursos naturales fósiles. Por ello, para mitigar el cambio climático es necesario que suceda una transformación de la matriz de energía primaria; es decir, que se sustituya el petróleo, carbón o gas natural por fuentes de energía que no emiten GEI. Entre las fuentes de energía “limpias” se encuentran la solar, eólica, hidroeléctrica y la bioenergía, llamadas energías renovables. En Argentina, estas energías “están apenas creciendo lentamente, mientras que el uso de gas se incrementó considerablemente” (p.4). En particular, actualmente los combustibles fósiles representan el 86% de la matriz energética primaria del país.

Más allá de las enormes implicancias ambientales de la crisis climática, el consumo de energía fósil para la producción de bienes exportables podría convertirse en una desventaja comercial. Pudiendo ser uno de los principales desafíos para que Argentina se inserte comercialmente en un mundo no tan lejano donde probablemente se evalúen a los proveedores internacionales en función de la huella de carbono de sus productos. Al observar los escenarios que plantea el “BP-Energy Outlook 2020” sobre cómo pueden evolucionar los mercados energéticos mundiales en los próximos treinta años, se identifican dos tendencias clave para la descarbonización. Primero, el incremento del rol de la electricidad en el total de la energía consumida y segundo, el crecimiento de la energía primaria renovable a expensas de la fósil. La realidad es que estas tendencias, como también “los compromisos en materia climática, tanto a nivel nacional como internacional, indican el riesgo de que las futuras inversiones en infraestructura vinculadas a los fósiles se conviertan en activos varados (stranded assets), que son aquellos que no se amortizan ni obtienen un rendimiento económico como resultado de los cambios asociados a la transición a una economía con bajas emisiones de carbono” (p.25). La discusión actual no gira en torno a si la descarbonización va a suceder o no, sino a qué velocidad y cómo va a ocurrir en cada país y región.

En diciembre de 2019 los países árabes inundaron de petróleo y de GNL el mundo, y los precios cayeron estrepitosamente. Concurrentemente, cayó la demanda por los combustibles fósiles debido a la pandemia, resultando en que los Estados petroleros perdieran por precio (porque había una sobre oferta) y por cantidad (porque cayó la demanda). En marco de lo anterior, las provincias argentinas cuyas economías dependen de los hidrocarburos tuvieron grandes pérdidas de ingresos por regalías de petróleo y gas natural. En particular, en los primeros cinco meses del 2020 las regalías “desbarrancaron en un 58,85%”. La situación provincial fue alarmante: por ejemplo, en Neuquén la recaudación por regalías solía (antes de la crisis) representar entre un 35% y 40% de sus ingresos, mientras que en Chubut ese porcentaje tendió a ser todavía más elevado.

A sabiendas de que la tendencia mundial es hacia la descarbonización, es fundamental reflexionar y prepararnos para el futuro. La crisis de diciembre de 2019 de la OPEC+ en conjunción al COVID-19 puede verse como un adelanto de lo que sería una transición energética abrupta. Se vivió un cambio acelerado exponiendo la vulnerabilidad económica de las provincias petroleras argentinas por su dependencia de las regalías en cuestión. Lo expuesto no es novedoso, diversos expertos lo han manifestado y con ello asegurado la necesidad de que las economías provinciales basadas en hidrocarburos inicien su descarbonización en el presente para evitar que esta sea abrupta en el futuro. Por lo tanto, es fundamental que el Estado proporcione incentivos para que las provincias apunten a la diversificación energética y la reconversión laboral.

La dificultosa necesidad de impulsar la transición hacia una matriz “no fósil”

La complejidad de la energía “no solo en sus dimensiones técnicas, sino en las socioculturales, geopolíticas, económicas y ambientales genera una necesidad de intervención de los poderes públicos en los sistemas energéticos” (p.142). Especialmente en el contexto actual, donde la penetración de las fuentes no-fósiles en la matriz energética argentina es estratégica para el bienestar de su población. Por esta razón, los gestores de políticas públicas deben actuar para gestionar las principales barreras a la penetración de las energías renovables en la matriz energética argentina, entre las cuales yace el problema del financiamiento: existe una escasez de capitales disponibles a una tasa suficientemente accesible y es frecuente que las garantías requeridas por los organismos de financiamiento sean difíciles de cumplir. Además, entre otras barreras, las condiciones macroeconómicas del país son desfavorables: la inflación es elevada y recurrente y la incertidumbre desincentiva la inversión. En efecto, las crisis frenan el desarrollo de las energías renovables: por ejemplo, “en los últimos años la Argentina comenzó a mostrar algún crecimiento en materia de energías renovables no convencionales, principalmente luego del año 2015 con la sanción de la Ley N° 27.191 y el inicio del programa Renovar a partir del 2016 (…) pero el desarrollo de las energías renovables (…) se vio frenado por la crisis económica de fines del 2018.” (p.39).

La necesidad de realizar esta transición coloca a los gestores de política pública de Argentina en una problemática tan compleja como urgente de resolver: conjugar las necesidades de cortísimo plazo vinculadas con el balance comercial, la seguridad de abastecimiento y la asequibilidad de la energía, con el imperativo de subirnos a la ola de transición hacia una matriz energética primaria “limpia”.

Por otra parte, más allá de que es esencial que el Estado promueva la penetración de las energías renovables en la matriz energética, también es clave que regule su implementación en el marco de que ninguna fuente de energía es ambientalmente perfecta y de que el equilibrio entre la dimensión económica y la ambiental (como también la social) de la energía están en constante puja. Por ejemplo, la implementación de la energía hidráulica de embalse puede generar inundaciones de tierras y desplazamiento de poblaciones. Por su parte, mucha de la infraestructura necesaria para producir energía renovable requiere de la minería y por tanto del desarrollo minero que debe ser cuidadosamente regulado para evitar daños socio-ambientales —por ejemplo, se suele utilizar silicio para las placas fotovoltaicas—. En el caso de los biocombustibles, los de primera y segunda generación tienen el inherente problema de que “compiten con los alimentos en el uso de la tierra y el agua” (p.170). Al respecto, en vistas de la necesidad de armonizar las dimensiones económicas, ambientales y sociales de la sostenibilidad, en cuanto a la bioenergía, es fundamental la gobernanza estatal del uso de la tierra para lograr que se gestionen de modo sostenible sus múltiples demandas, lo que incluye desde a los asentamientos humanos, alimentos, y piensos para el ganado, hasta el almacenamiento de carbono, y biodiversidad (p.97).

Sobre la eficiencia energética como medida de mitigación de la emisión de GEI

Para alcanzar una matriz energética más limpia también es importante considerar la eficiencia energética (EE) como un aspecto fundamental en cuanto a la mitigación de los GEI —la EE significa utilizar menos energía para realizar la misma tarea al eliminar el desperdicio de energía—. De esta manera, desde la óptica de la mitigación, aumentar la EE puede disminuir los efectos ambientales negativos de un mismo servicio energético al permitir la reducción del consumo de energía proveniente de combustibles fósiles.

De hecho, “la importancia de la promoción de la EE es tal que la propia Agencia Internacional de la Energía estima que hacia 2050 se podrían reducir 40% de emisiones GEI gracias a la implementación de políticas de EE en la generación de electricidad, y en los sectores de transporte, industria, edificación e infraestructura” (p.80). Esto es especialmente relevante en consideración de que todavía no se ha solucionado por completo el problema de la intermitencia de las energías renovables —es decir, no siempre se puede producir energía renovable de manera constante a todas las horas del día—, siendo aún razonable aceptar cierta subsidiaridad de otras fuentes como el gas natural (p.31). Además, aunque aumentar la EE puede acarrear problemáticas a superar desde, por ejemplo, el consumo, como el “efecto rebote”, su mejora puede implicar grandes beneficios sociales, como que los hogares gasten un menor porcentaje de sus ingresos por el mismo servicio energético.

Ahora bien, aunque en Argentina se instituyó mediante el Decreto 140/2007 del Poder Ejecutivo prioridad nacional al uso racional y eficiente de la energía, la EE todavía no pareciera ser central para el Estado, figurando únicamente en programas y/o acciones aislados sin continuidad. Aunque para mejorar la EE es necesario establecer programas y políticas de largo plazo de carácter integral, lamentablemente todavía “no existen metas de eficiencia energética establecidas por ley o un plan nacional a corto, mediano y largo plazo sobre el manejo de las políticas de EE en los diferentes sectores consumidores de energía” (p.146).

Conclusión

La necesidad de impulsar la transición hacia una matriz energética “limpia” y sostenible es urgente, especialmente si se apunta a que sea gradual, pero es altamente dificultosa, requiriendo de una elevada participación estatal. Los gestores de política pública de Argentina se enfrentan a la difícil pero imperiosa tarea de acoplar las necesidades de corto plazo como el balance comercial, la seguridad de abastecimiento y la asequibilidad de la energía, con la necesidad de que Argentina realice la transición a una matriz energética primaria más limpia. Las medidas estatales para superar barreras y promover las energías renovables y la eficiencia energética son esenciales; como también es imprescindible que el Estado regule cuidadosamente la implementación de las energías renovables, dado que ninguna fuente energética es ambientalmente perfecta.


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Delfina Godfrid

Delfina Godfrid es Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de San Andrés, y está realizando una Maestría en Economía y Derecho del Cambio Climático en FLACSO.

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