Naciones (des)Unidas y los derechos LGBITQ+: un breve repaso y los aportes de Argentina en la materia

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En 2010, Argentina se convirtió en el decimo país del planeta en reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, el segundo en el continente americano y el primero en Latinoamérica. Dos años después, el Congreso argentino aprobó la Ley de Identidad de Género, la cual representó un avance legislativo único a nivel global: fue la primera ley de este tipo que permitió el cambio registral de género en base a la percepción de género autónoma de la persona, sin necesidad de diagnosis, permisos o cirugías. En 2021, nuevamente se hizo historia: el Senado sancionó la Ley de cupo e inclusión laboral travesti – trans de forma casi unánime (el único voto negativo fue del senador radical Ernesto Martínez, quien parece haberse olvidado el significado de la palabra radical). Con la aprobación de esta ley, también de vanguardia, el Estado Argentino incorporará personas travestis-trans al Estado bajo un cupo mínimo de contratación, creará incentivos para el sector privado, y líneas de crédito especificas para emprendimientos de personas travesti-trans, entre otras medidas, para dar otro paso hacia una sociedad más justa e igualitaria. Pero Argentina no solo ha sido un país a la vanguardia en materia de avances legislativos para la población LGBITQ+: también ha sido un intenso promotor de los derechos de las personas LGBITQ+ en el ámbito internacional. En este artículo, proponemos hacer una breve revisión de la historia de los derechos LGBITQ+ en el ámbito del sistema internacional de protección de los Derechos Humanos de Naciones Unidas y los aportes de Argentina al tema.

Si bien la declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 reconoce en su primer artículo que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, dicho reconocimiento sigue siendo profundamente aspiracional para muchos sectores, entre ellos, la comunidad LGBITQ+. El primer acercamiento que tuvo Naciones Unidas a la protección de derechos LGBITQ+ fue el caso Toonen v Australia, en el año 1994. Nicholas Toonen, un habitante de Tasmania, Australia, presentó una queja ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas con el fin de derogar las leyes que penalizaban la sodomía en Australia en 1991. Tres años después, el Comité declaró que las leyes que criminalizaban las relaciones sexuales consensuales entre hombres conformaban una violación al derecho a la privacidad protegido por el Artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y también una violación al Artículo 26 del mismo Pacto, encargado de garantizar que todas las personas son iguales ante la ley. 

Al año siguiente, Beverley Palesa Ditsie, una activista lesbiana de Sudáfrica, se convirtió en la primera persona públicamente homosexual en realizar un discurso en un foro organizado por Naciones Unidas. En la Cuarta Conferencia de la Mujer en Beijing, Ditsie dio un histórico discurso donde pidió a los Estados Miembro de Naciones Unidas que hagan de las Conferencias de la Mujer “una conferencia para todas las mujeres, independientemente de su orientación sexual” y “que se reconozca en la Plataforma de Acción que los derechos de las lesbianas son derechos de las mujeres y que los derechos de las mujeres son derechos humanos universales, inalienables e indivisibles”. Pese a los esfuerzos del activismo internacional por incluir en el Plan de Acción la protección de los derechos LGBITQ+, incluyendo el despliegue de un banner en medio de la conferencia por parte de la organización Lesbian Caucus con el mensaje “los Derechos de las Lesbianas son Derechos Humanos”, ni el Plan de Acción, ni la Declaración de la Conferencia mencionaron la protección de los derechos humanos de las personas LGBITQ+. Todo intento posterior por introducir los derechos LGBITQ+ al sistema internacional de protección fue igual de resistido. 

En 2003, Brasil presentó en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas un proyecto de resolución titulada “Los derechos humanos y la inclinación sexual”.  La breve resolución, con solo seis cláusulas operativas, destacaba que 

(…) los derechos humanos y las libertades fundamentales son atributo de todos los seres humanos, que el carácter universal de esos derechos y libertades es incuestionable y que el disfrute de esos derechos y libertades no debe verse obstaculizado en modo alguno por motivos de inclinación sexual.

Tras un corto debate, repleto de trabas y mociones de orden con el fin de introducir enmiendas para desnaturalizarla, 23 miembros de la Comisión, incluyendo a Argentina, votaron por posponer el tratamiento del tema (Françoise Girard en su artículo Negotiating Sexual Rights and Sexual Orientation at the UN hace un excelente resumen del debate y de los hechos).  Pakistán, Arabia Saudita, Siria y la Santa Sede fueron las delegaciones que con mayor fervor trabajaron para impedir el tratamiento del tema, desplegando estrategias que variaron desde amenazas de boicoteo a una cumbre de comercio que Brasil estaba intentando organizar ese mismo año, a llamados telefónicos de la Santa Sede a varias capitales latinoamericanas con una fuerte directiva de votar en contra o abstenerse respecto de la Resolución (lo cual permite imaginar las razones detrás de los votos a favor de posponer la votación de Argentina y las abstenciones por parte de Chile, Costa Rica, Paraguay y Perú). 

En 2006, Noruega incorporó la identidad de género como un derecho humano a proteger en una declaración presentada en conjunto con 54 otros países, incluyendo Argentina, frente a la Comisión de Derechos Humanos. En esa Declaración, los Estados urgieron a la Comisión a “prestar atención a las violaciones a los derechos humanos en base a orientación sexual e identidad de género”. Dos años más tarde, Argentina continuó los esfuerzos de Noruega y presentó una declaración similar, pero ante la Asamblea General de Naciones Unidas. En esta declaración conjunta, 66 países manifestaron nuevamente su preocupación por las violaciones a los derechos humanos basadas en orientación sexual e identidad de género y realizaron un llamado a los demás estados y mecanismos relevantes de protección de derechos humanos a derogar leyes en las que la orientación sexual o la identidad de género sean “la base de sanciones penales, en particular, ejecuciones, arrestos o detención”. Inmediatamente, una coalición de países, mayoritariamente del bloque árabe y del bloque africano, presentaron una contra declaración en la cual comunicaron su preocupación por el intento de “introducir a Naciones Unidas algunas nociones que no tienen ningún fundamento legal en ningún instrumento internacional de derechos humanos”. 

Ninguna de las dos declaraciones fue adoptada oficialmente por la Asamblea General de Naciones Unidas. Sin embargo, la lectura de la declaración presentada por Argentina fue el puntapié inicial de una década en la cual los derechos de las personas LGBITQ+ adquirieron un protagonismo creciente. También durante el 2006, grupo de Estados Miembros de Naciones Unidas fundó el “United Nations LGBTI Core Group”, co-presidido por Argentina y Países Bajos. Desde entonces el grupo ha organizado diferentes actividades informales con el fin de introducir en distintas agendas de Naciones Unidas, y de sus programas y órganos, la incorporación de perspectivas de diversidad sexual e identidad de género. 

En 2011, Sudáfrica lideró la redacción de un proyecto de resolución en el que se pidió a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (en ese momento, Navi Pillay, una jurista sudafricana) que lleve adelante 

un estudio (…) a fin de documentar las leyes y prácticas discriminatorias y los actos de violencia cometidos contra personas por su orientación sexual e identidad de género, en todas las regiones del mundo, y la forma en que la normativa internacional de derechos humanos puede aplicarse para poner fin a la violencia y a las violaciones conexas de los derechos humanos motivadas por la orientación sexual y la identidad de género. 

Dicho proyecto se convirtió en una resolución del Consejo de Derechos Humanos por 23 votos a favor, 19 en contra y 3 abstenciones. El reporte fue presentado en diciembre de ese mismo año e incluyó recomendaciones sobre la adopción de leyes contra la discriminación en base a orientación sexual e identidad de género, así como un llamado a la derogación de leyes que sancionen las relaciones sexuales consensuales entre personas del mismo sexo. En 2015, un grupo de países latinoamericanos, con Brasil a la cabeza, pidieron una actualización del reporte y, un año mas tarde, lograron que la Comisión de Derechos Humanos nombre un experto independiente para que investigue las causas de violaciones a derechos humanos en base a orientación sexual e identidad de género. El primer experto independiente sobre la orientación sexual y la identidad de género fue Vitit Muntarbhorn, un reconocido profesor de derecho tailandés que llegó a presentar un primer reporte en junio de 2017, pero por problemas de salud, debió renunciar en octubre de ese mismo año. Su mandato fue continuado por Víctor Madrigal-Borloz, oriundo de Costa Rica, quien produjo informes temáticos relacionados a las terapias de conversión, las repercusiones de la pandemia Covid-19 en los derechos humanos de las personas LGBT, entre otros. 

La resistencia de un grupo de estados miembro no impidió a la Secretaría General llevar adelante su propia agenda sobre el reconocimiento de los Derechos LGBITQ+ dentro del seno de Naciones Unidas. Desde el año 2014, toda persona del staff casado con una persona del mismo sexo en una jurisdicción donde dicho tipo de unión sea legal goza de los mismos derechos que las uniones civiles o matrimonios entre personas de diferente sexo. Ban Ki-Moon, en ese entonces Secretario General de Naciones Unidas, celebró la decisión. El recientemente re electo Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, mostró su apoyo al grupo en la reunión anual de 2019 del UN LGBIT Core Group en un discurso donde resaltó que “las Naciones Unidas apoyan a la comunidad lésbica, homosexual, bisexual, transgénero e intersex mientras trabajamos un mundo justo y e igualitario para todos”. 

Desde 2008, Argentina ocupa una posición de liderazgo en la comunidad internacional con respecto a la protección y promoción de los Derechos Humanos de las personas LGBITQ+. En el año 2019, Argentina, junto a Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Uruguay, apoyó la extensión del mandato del experto independiente sobre Orientación sexual e Identidad de Género en el 41° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. Argentina y Reino Unido organizaron, como un evento paralelo a las sesiones de dicho periodo, un panel sobre la importancia de la renovación del mandato, enfocado en derechos humanos e identidad de género. La reticencia inicial que los principales partidos políticos argentinos tuvieron a principios del siglo XXI sobre la protección y promoción de los derechos LGBITQ+ se diluyó en la década siguiente a partir de la sanción del Matrimonio Igualitario y la Ley de Identidad de Género. Ni los sectores más conservadores del peronismo ni del PRO tuvieron éxito en frenar la conquista de derechos LGBTIQ+ en Argentina (incluso Gabriela Michetti, quien como diputada se opuso a la Ley de Matrimonio Igualitario, participó en representación de Argentina en un panel interministerial organizada por el UN LGBIT Core Group durante la Asamblea General de Naciones Unidas del año 2017, tiempo después de declarar que se arrepentía de su voto negativo en el Congreso). Por otro lado, los grupos más progresistas de ambos partidos lograron seguir empujando – o sosteniendo a flote, dependiendo del gobierno de turno – una agenda de protección y promoción de los derechos humanos relacionados a la orientación sexual y a la identidad de género en el ámbito internacional que ha destacado a Argentina como uno de los principales promotores de los derechos humanos de las personas LGBITQ+. 

 


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Ayrton Zazo Girod

Estudie derecho en UdeSA, una maestría en Derechos Humanos y Políticas sociales en Unsam (tesis pendiente, muy pendiente!) y recientemente terminé un LLM en Southwestern Las School gracias a una beca Fulbright.

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