Planificar para crecer: ¿cómo nos endeudamos?

Compartir

Nuestro país ha tenido recurrentes problemas de inflación, restricción externa y déficit fiscal, factores que han condicionado y limitado su crecimiento. La incapacidad de contar con una producción local que genere suficientes dólares ha hecho del financiamiento externo una pieza clave para promover el desarrollo.

Debido a un elevado riesgo país, tomar deuda en dólares en el mercado externo privado es una misión imposible (por falta de actores que nos quieran prestar) o muy peligrosa (por las altas tasas de interés a las que están dispuestos a prestarnos). Por sus bajas tasas (menores al 5%) y años de repago (entre 20 y 30), Argentina ha recurrido a los organismos internacionales de crédito. Estas condiciones financieras son altamente concesionales respecto a otras opciones de endeudamiento. Hoy la deuda total del Estado nacional asciende a US$ 382.249 millones, casi un 80% del PBI. Los organismos internacionales de crédito aportan US$ 68.830, un 16% del PBI argentino; donde US$ 39.300 millones corresponden al Fondo Monetario Internacional (FMI), US$ 13.861 millones al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y US$ 8.944 al Banco Mundial (BM).

En este sentido, nuestro país es uno de los principales clientes de estos organismos, dentro de los países miembros que los integran. Argentina, a diferencia de otros países, suele tomar la totalidad del financiamiento disponible para cada año que los organismos aprueban en su programación fiscal. A pesar de estar calificado recurrentemente como uno de los países más riesgosos en términos financieros, Argentina nunca ha dejado de pagar sus compromisos con estos organismos en materia de pagos de capital e intereses sobre los préstamos que toma.

Por su parte, y en línea con este sentido estratégico que los organismos multilaterales de crédito tienen para nosotros, nuestro país ha sido promotor de distintos procesos de capitalización con el objetivo de incrementar el fondeo disponible para proyectos. Es indicativo mencionar que en 2022, incluso transitando un Programa de revisión con el FMI, se avanzó en importantes hitos como la capitalización del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), la adhesión de Argentina al Fondo Multilateral de Inversiones III del BID y la contribución en el marco de la reposición de recursos de la Asociación Internacional de Fomento (AIF-20) del Banco Mundial, entre otros. Aquí también ha pagado sus compromisos en tiempo y forma.

Pero ¿qué hacemos con estos recursos? Muchas de las obras que vemos todos los días son financiadas por estos organismos a través de un trabajo articulado entre la Nación, las Provincias y los Municipios. Hablamos de provisión de vacunas, construcción de escuelas, acceso a agua potable y cloacas, mejoramiento de rutas, entre otros. Distintas administraciones han utilizado estos recursos con enfoques diversos y a veces contradictorios. La estrategia de financiamiento es clave, ya que permite que distintas políticas públicas puedan implementarse.

¿Cómo se define este financiamiento? Los bancos y el gobierno acuerdan cuáles serán los ejes centrales y políticas a financiar por un plazo de 4 años a través de documentos denominados “Estrategias País”. A su vez, cada año se define la “Programación Anual” que detalla cuáles son los proyectos que se van a llevar adelante.

Esta forma de dirigir los recursos tiene una gran dificultad. Dichas Estrategias no suelen acompañar los períodos de gobierno. Cada administración reevalúa la cartera de proyectos, generando demoras y cambiando las decisiones de inversión a veces en 180 grados. No obstante, no todos los proyectos son discontinuados. El Programa de Mejoramiento de Barrios -PROMEBA- con el BID, el apoyo a la Asignación Universal por Hijo (AUH) o el Saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo con el Banco Mundial son claros ejemplos.

Trabajar en una programación participativa, con plazos mayores y un enfoque basado en resultados, constituye una solución alternativa para dar continuidad a las políticas. Ello permitiría contar con una mayor eficiencia y sostenibilidad de los recursos, una mejor trazabilidad y aprovechamiento de las buenas prácticas de monitoreo y evaluación que los organismos internacionales de crédito exigen. Al pasar de una cartera basada en proyectos a una cartera basada en políticas, los aspectos positivos del trabajo con los organismos podrían escalarse al resto del Estado, sin importar de dónde vienen los recursos.


Este artículo se escribió en el marco de la materia “Diseño e Implementación de Políticas Públicas en Argentina” de la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad Torcuato Di Tella.


Compartir

Sebastián Rosales

Sebastián Rosales (@serosales) es Licenciado en Relaciones Internacionales de la USAL y Maestrando en Política Públicas en la UTDT. Es docente adjunto de Introducción a las Relaciones Internacionales y Sistemática de las Relaciones Internacionales (USAL). Actualmente se desempeña como Director Nacional de Financiamiento con Organismos Internacionales de Crédito, área del Ministerio de Economía que gestiona la cartera de proyectos con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial.

Compartí:

Articulos relacionados

Sociedad

¿Las ciudades están hechas para las mujeres?

Compartir

Con el objetivo de dar una respuesta integral al transporte con perspectiva de género es preciso integrar la categoría de movilidad “de los cuidados”, entendida como la necesidad de evaluar e identificar los viajes diarios relacionados con las actividades del cuidado.


Compartir
Leer Más»
Sociedad

¿Las ciudades están hechas para las mujeres?

Compartir

Con el objetivo de dar una respuesta integral al transporte con perspectiva de género es preciso integrar la categoría de movilidad “de los cuidados”, entendida como la necesidad de evaluar e identificar los viajes diarios relacionados con las actividades del cuidado.


Compartir
Leer Más»