Es común escuchar que la educación es igualadora de oportunidades. Sin embargo, ¿se está en igualdad de condiciones por estar sentado en un aula?, ¿un chico que no come hace doce horas puede prestar la misma atención que aquel que acaba de desayunar? Con el objetivo de garantizar el derecho a la alimentación, existe en la Provincia de Buenos Aires el Servicio Alimentario Escolar (SAE), por el cual aproximadamente 1.700.000 niños, niñas y adolescentes reciben el desayuno, el almuerzo o la merienda en las escuelas.
No obstante, ¿un mate cocido con pan es un desayuno? En un contexto en el cual la situación de vulnerabilidad social es alarmante, ¿es este diseño del programa suficiente para garantizar el derecho a la alimentación?
Un programa de este tipo debería tener como principios rectores la calidad nutricional, un alto control sobre los proveedores, un seguimiento personalizado sobre los beneficiarios y un alto grado de capacitación y control sobre los auxiliares de cocina.
Históricamente, la única forma de gestión del SAE ha sido por medio de los Consejos Escolares, que eran los responsables de la planificación y compra de las prestaciones alimentarias. En distintas oportunidades se denunció la baja calidad nutricional y se puso en duda la forma de contratación del servicio. Los Consejos Escolares son organismos creados por la Constitución de la Provincia en el año 1873, cuya función es la administración local de la educación provincial. Están integrados por entre 4 y 10 miembros dependiendo del tamaño del distrito y tienen la característica de ser los únicos integrantes de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia que son electos por voto popular -es decir, que lejos de ser un órgano de tinte administrativo, poseen una gran impronta político-partidaria. Nadie pone en duda el compromiso y voluntad que un Consejo Escolar puede tener, pero resulta fundamental preguntarse si poseen la capacidad de gestión necesaria. En esta línea, en el año 2017 se llevó adelante una prueba piloto con 12 municipios que asumieron la gestión del servicio.
En este sentido, si bien aún lejos del escenario ideal, la municipalización mostró algunos avances con respecto a la gestión local del SAE. En materia nutricional, los distritos bajo gestión municipal debían encargarle a un profesional nutricionista matriculado la confección de un menú municipal que siguiera las pautas provinciales con el objeto de lograr prestaciones acordes a las necesidades de los beneficiarios. Ese menú era aprobado en última instancia por el Ministerio de Desarrollo Social, y gracias a esa a práctica se logró aumentar la presencia de leche tanto en los desayunos como en las meriendas y se consolidó un almuerzo con base en lácteos, frutas, verduras y carnes.
Con respecto a la gestión administrativa, cuando el SAE es administrado por los municipios es posible conformar un equipo de trabajo interdisciplinario que puede dedicarse a la planificación y control de la calidad y la gestión. Este tipo de equipos -integrados generalmente por profesionales del ámbito de la nutrición, en conjunto con personal que se aboca a las tareas administrativas y de control-, logran implementar procesos licitatorios anuales, más transparentesy ventajosos para los beneficiarios, mejorando la calidad nutricional de las prestaciones y aumentando el control y la calidad sobre los proveedores.
En relación a los elementos de control, cuando se implementó la municipalización del SAE el Ministerio de Desarrollo Social impulsó un sistema de Monitoreo y Evaluación permanente por medio de convenios con universidades públicas y actores de la sociedad civil. En ese marco, los monitores recorrían diariamente las escuelas relevando la calidad nutricional de las prestaciones, mientras que los auditores relevaban en los municipios los trámites administrativos y la entrega de mercadería a los colegios por parte de los proveedores. En base a los informes de auditorías existía un Sistema de Evaluación permanente por medio del cual se sancionaban las malas prácticas.
Por último, con relación a la infraestructura, los municipios contaban con acceso a un fondo que les permitía realizar obras edilicias menores, así como compras de artefactos de cocina, con el objetivo de mejorar las instalaciones de los comedores escolares.
La pandemia ha puesto en discusión múltiples aspectos relacionados con la educación. La vuelta a las aulas puede brindar una oportunidad para profundizar la municipalización del SAE, con el objetivo último de mejorar la calidad del servicio y lograr una política pública más eficaz y eficiente a la hora de reducir el déficit nutricional de millones de estudiantes.
** Este artículo se escribió en el marco de la materia «Diseño e Implementación de Políticas Públicas en Argentina» de la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad Torcuato Di Tella. Los anteriores artículos pueden verse acá.
