¿Y las cifras de salud mental?

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El pasado 10 de octubre se conmemoró el día mundial de la salud mental y, como es habitual en esta era moderna, las redes sociales se llenaron de mucha información al respecto. En su mayoría, las publicaciones nos invitaban a seguir reconociendo la salud mental como un tema vital para la sociedad, y para el cual se necesitan medidas cada vez más efectivas, integrales y transversales. Fue inevitable entonces no preguntarme sobre el panorama de este importante tema en Argentina.

En mi búsqueda, encontré documentos y noticias que aplaudían, de alguna forma u otra, el cambio de enfoque que tuvo el país en el tratamiento de la salud mental; en gran parte debido a la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental, que tiene como objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que se encuentran en el territorio nacional, así como también por los retos que dejó la pandemia de COVID-19 en el bienestar de las personas (Johnson, Saletti-Cuesta & Tumas, 2020; Torrente, et al., 2021). No obstante, diversos organismos, entre los que cabe destacar a la Asociación Civil por la Igualdad y Justicia (ACIJ), coinciden en que todavía existe un problema en cuanto al tratamiento y monitoreo de los trastornos mentales. Aunque son diversas las causas de este problema, una de las que más llamó mi atención fue la baja producción de información por parte del gobierno (¡datos!).

El ejemplo más reciente es el Plan Nacional de Salud Mental 2021-2025, ya que dentro de sus medidas para fortalecer la red de servicio y hacerla más extensiva y comunitaria no se incluye una sección sobre responsabilidad y capacidad técnica para generar información, así como algún apartado de cifras y antecedentes. Esto constituye una gran limitante para la formulación de políticas públicas basadas en evidencia. Es decir, ¿qué insumo está utilizando el gobierno para atender la salud mental de los argentinos y las argentinas?

En este sentido, es indispensable que el gobierno nacional considere como alternativa la creación de algún instituto o centro de estudios públicos, donde se pueda centralizar la información disponible y a partir de allí iniciar una ordenada producción de datos que puedan apoyar la formulación, monitoreo y evaluación de los programas en salud mental, sean nuevos o en curso. También se puede pensar en dotar y adecuar la actual dirección encargada de estos asuntos -Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental-.  Solo así se podrá medir y conocer la efectividad de las estrategias y planes de acción, minimizar el riesgo de una mala asignación de los -pocos- recursos que dispone el sector, y sumarle importancia en la agenda pública a la salud mental. Esto hará cada vez más posible la creación de políticas públicas transversales. En definitiva, esta sería una gran y necesaria apuesta para la Argentina, sede de la cuarta Cumbre Mundial de Salud Mental para 2023.


Este artículo se escribió en el marco de la materia “Diseño e Implementación de Políticas Públicas en Argentina” de la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad Torcuato Di Tella.


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Camilo Quintero Fragozo

Camilo es Economista y Magíster en Economía Aplicada, con experiencia en procesamiento y análisis de datos, y en elaboración de documentos técnicos para la toma de decisiones. Consultor financiero y de planeación para el sector público (Cartagena de Indias, Colombia) con amplio conocimiento en formulación de proyectos de inversión pública. Además, con experiencia en docencia universitaria y asistencias de investigación.

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