Las aguas bajan turbias: barrios populares en el área de concesión de AySA

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Actualmente, las vacunas son un tema insoslayable para todo medio de comunicación local. Quizá, por ello, resulte poco sorprendente que su desarrollo sea considerado por la Organización Mundial de la Salud como una de las dos medidas más importantes en la historia de la medicina[1]. La otra medida, menos popular en medios gráficos y audiovisuales, supo ser noticia hace poco más de un año.

El acceso a agua potable, puntualmente su escasez en la Villa 31 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), llamó la atención de medios de comunicación en mayo de 2020. Por entonces, hicieron falta no menos de ocho días de corte del suministro de agua, la primera de muchas muertes confirmadas por COVID-19 y las denuncias de referentes barriales como Ramona Medina y Víctor Giracoy, luego también fallecidos a causa del virus[2]. La trama continuó con un amparo colectivo presentado por varias organizaciones y un fallo judicial que ordenó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) a garantizar, entre otras cuestiones, 150 litros diarios de agua potable a los habitantes de los barrios populares porteños[3].

Durante el transcurso de los hechos, una controversia tuvo lugar entre miembros de las coaliciones al frente de los gobiernos porteño y nacional. Los primeros atribuyeron culpas a la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), dependiente en un 90% del Estado Nacional y responsable por la provisión de agua de red y cloacas en la mayor parte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)[4]. Por su parte, autoridades de AySA señalaron que la empresa tiene obligaciones sólo hasta los límites de los barrios populares, siendo los gobiernos locales –en este caso, el de CABA- quienes deben operar las redes al interior de los primeros[5]. Aunque la controversia no contribuyó a la resolución del problema     , sirvió para poner en escena un tema que -si bien tuvo consecuencias visibles y fatales como resultado de la pandemia- excede por mucho al contexto.

Desde la década de 1970, las personas que poseen acceso a la vivienda urbana en barrios populares se incrementaron casi ininterrumpidamente[6]. Hoy en día, se estima que 923.583 familias -alrededor de 4 millones de personas- residen en barrios populares de la Argentina y, que más de la mitad (478.065, aproximadamente 51,8%), lo hace en barrios localizados en territorio bonaerense[7]. A la Provincia de Buenos Aires le sigue la CABA -a la par de Santa Fe- como la segunda jurisdicción con más familias viviendo en barrios populares (73.673, aproximadamente 8% del total). En ese contexto, el área de concesión de AySA concentra el 48,2% de las familias que residen en barrios populares del país (444.935)[8].

El territorio donde se localizan los barrios populares no es un hecho menor. Según su cercanía a redes formales de agua potable y saneamiento, los vecinos  se encuentran en condiciones de acceder a dichas redes o de satisfacer, de peor o mejor manera, sus necesidades por medio de canales alternativos. En ese marco, sólo un 22% accede formalmente a agua potable de red y apenas 5% lo hace a redes cloacales en el área de concesión de AySA[9].

El modo en que los vecinos acceden a servicios, tanto en el caso del agua como en el de las redes cloacales, también depende de los recursos que tienen a su disposición y de las estrategias individuales o colectivas que implementan. Si bien entre las estrategias individuales se destaca la obtención de agua de pozo domiciliario (28%), poco más del 46% de las familias que residen en el área de concesión de AySA accede a agua corriente por medio de conexiones irregulares a redes formales[10]. Además de la cercanía a una red formal de agua, ésta es una estrategia colectiva que requiere de un mínimo de coordinación, a menudo brindado por organizaciones y referentes barriales[11].

Las posibilidades de implementar estrategias colectivas en el caso del saneamiento son menores dadas sus dificultades técnicas y los grandes insumos que se precisan, en el mejor de los casos, para extender redes cloacales. Por ello, los pozos ciegos, negros u hoyos son las estrategias a la que apelan con más frecuencia las familias que residen en barrios populares (55%), seguidas muy de lejos por las descargas en redes pluviales (15%)[12].

Por último, los porcentajes restantes corresponden a familias que tratan de satisfacer sus necesidades de agua y saneamiento por vías aún más precarias.

Desde hace un tiempo, la proactividad de los habitantes de barrios populares para atender sus necesidades dio pie a un clima de ideas en el que se pondera la producción de agua y saneamiento a partir del esfuerzo conjunto entre vecinos y proveedores regulares de servicios[13]. Las propuestas que se enmarcan en ese clima de ideas, no obstante, pasan por alto dos elementos fundamentales. En primer lugar, que los vecinos a menudo no cuentan con los conocimientos apropiados para extender servicios en sus barrios y, si lo hacen, carecen de los recursos económicos necesarios para llevarlos a cabo. En segundo lugar, que el Estado Nacional -por sí sólo- es el artífice de los mayores avances en la cobertura de redes de agua y saneamiento en Argentina (entre 1942 y 1947 y entre 2006 y 2013), precisamente en parte del territorio sobre el que hoy tiene competencia AySA[14].

El conocimiento técnico que supo acumular el Estado Nacional a lo largo de los años, y que no tienen otros actores, puede ser uno de los factores que pueden explicar su éxito relativo. No obstante, sin perjuicio de lo anterior, el factor que parece ser determinante es, ni más ni menos, la cantidad de recursos económicos que sólo el Estado Nacional puede volcar al sector.

A modo de ilustración, el siguiente gráfico muestra cómo la empresa incorporó nuevas conexiones domiciliarias de agua y cloacas todos los años desde su creación. Allí, también puede verse el racconto de las transferencias directas del tesoro nacional a la empresa. Las diferencias que se observan entre gestión y gestión a nivel nacional señalan los intentos de readecuar las tarifas a los costos del servicio por parte de la última de ellas.

Fuente: elaboración propia en base a datos de AySA[15] y ERAS[16].

Por su parte, el incremento de las transferencias en los años 2014 y 2015 y la merma de conexiones durante los mismos años, puede atribuirse al desarrollo de grandes obras necesarias para expandir redes y mejorar el transporte y tratamiento de efluentes y de aguas, entre otras cuestiones[17].

En ese contexto, las estimaciones más recientes de la empresa indican que 3.463.087 y 2.782.699 habitantes fueron incorporados a los servicios de agua potable y saneamiento respectivamente entre 2006 y 2016[18].  Esto equivale aproximadamente a un 32% de la población servida por AySA, tanto en materia de agua como de desagües cloacales. Tal como vimos, los pobres porcentajes de acceso formal a redes de servicios en barrios populares muestran que las familias que viven allí no se encuentran entre las más beneficiadas. No obstante, la situación de quienes residen en barrios populares localizados en el área de concesión de AySA es menos dramática que la de quienes lo hacen fuera de ella y esto se relaciona con el accionar del Estado Nacional.

Ciertamente, tal como señalara la presidenta de AySA, parte del marco regulatorio por el que se rige la empresa no la obliga a brindar servicios al interior de barrios populares[19]. No obstante, el panorama es distinto si se considera la adhesión del Estado Nacional a tratados internacionales que reconocen el Derecho Humano al Agua[20],  revalidado en el decreto 304/06 que da vida a la empresa, entre otras publicaciones[21].

Ahora bien, más allá de lo formal, desde 1983 el Estado Nacional ha desarrollado     programas y acciones tendientes a proveer de agua y saneamiento a la población que vive en barrios populares[22]. Los actuales Agua + Trabajo (A+T) y Cloacas + Trabajo (C+T), son, sin dudas, los programas que mejores resultados mostraron y más se mantuvieron en el tiempo. Estos promueven la extensión de los servicios de agua y cloacas en barrios populares, al tiempo que fomentan la inserción laboral de quienes residen en ellos mediante la creación de cooperativas de trabajo. Dichas cooperativas son capacitadas y asistidas por distintas áreas del Estado con el objeto de extender las redes a partir de la asignación de módulos de trabajo u obras. A diciembre de 2019, los programas mencionados alcanzaron resultados importantes en términos de cantidad de obras (905), de personas beneficiadas (1.453.584) y de empleos generados (912)[23]. No obstante, tal como ilustra la siguiente tabla, a menudo existe una brecha entre las obras que aún no prestan el servicio (en la jerga, módulos finalizados) y las que sí lo hacen (módulos transferidos a operación).

Fuente: elaboración propia en base a datos de AySA[24]

Los motivos esgrimidos son varios. Uno de ellos      refiere a la prioridad que se otorga a la generación de trabajo. Es decir, se comienzan obras en barrios que no están lo suficientemente cerca de las redes de agua y cloacas para poder conectarse a ellas. Por su parte, resultados de investigaciones indican que dicha brecha se vincula con errores, fruto de deficiencias en la capacitación que se ofrece a los cooperativistas, o, como resultado de cierta recurrencia en la falta de equipamiento, información o materiales adecuados para realización de las obras asignadas[25]. Finalmente, investigaciones en curso señalan un notorio avance en el proceso de profesionalización de algunas cooperativas y, por ende, en la reducción de errores que atrasen las obras[26].

En suma, frente a la posibilidad de una nueva ola de Coronavirus por la variante Delta, el acceso a agua y saneamiento es tan importante ahora como lo era hace poco más de un año atrás . El desafío a encarar es significativo y lo es más en barrios populares. Allí, vecinos, referentes y organizaciones suelen sustituir la provisión formal por medio de estrategias informales. Algunas perspectivas, por su parte, pugnan por incentivar dichas estrategias, en vez de garantizar en barrios populares agua y saneamiento de calidad similar al provisto fuera de ellos. Aquí, en cambio, consideramos que por antecedentes, conocimientos y capacidad para volcar recursos al sector, el Estado Nacional es el actor más capacitado para extender redes de servicios. Hasta el momento, lo hizo exclusivamente por medio de programas que, así como las estrategias informales, también se valen del esfuerzo de vecinos de barrios populares. Pese a algunos resultados favorables, dichos programas no son suficientes. Adicionalmente, es preciso construir mayores capacidades estatales e invertir más recursos allí donde la población tiene menos, al menos si se quiere garantizar los principios de universalidad y no discriminación implícitos en la noción de derechos humanos, puntualmente, en los de agua potable y saneamiento que nuestro país ha ratificado.


[1] Instituto Nacional del Agua, Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica, Ministerio de Obras Públicas, «Plan Estratégico de Gestión del INA 2021-2023».

[2]Besana, «FALTA DE ACCESO AL AGUA POTABLE Y EXPANSIÓN DEL COVID-19 EN VILLAS Y ASENTAMIENTOS INFORMALES DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE BUENOS AIRES».

[3]Daniel Gentili, «Malena Galmarini: “Tenemos las denuncias realizadas por los vecinos de la villa 31”».

[4]Desde su creación, el área de concesión de AySA incluye a las siguientes jurisdicciones: Almirante Brown, Avellaneda, CABA, Esteban Echeverría, Ezeiza, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Morón, Quilmes,  San Fernando, San Isidro, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López. A partir de 2016, se agregaron los partidos de Escobar, Florencio Varela, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Pilar, Presidente Perón y San Miguel.

[5]Daniel Gentili.

[6]Cravino, Los mil barrios (in)formales: aportes para la construcción de un observatorio del hábitat popular del Área Metropolitana de Buenos Aires.

[7]RENABAP, «Información pública de barrios populares».

[8]RENABAP.

[9]RENABAP.

[10]RENABAP.

[11]Besana y Fernández Bouzo, «¿Agua que no has de beber? Acceso al agua potable e intermediarios en asentamientos informales del Conurbano Bonaerense (1983-2015)».

[12]RENABAP, «Información pública de barrios populares».

[13]Ostrom, «Crossing the Great Divide: Coproduction, Synergy, and Development»; Allen et al., «Water trajectories through non-networked infrastructure: insights from peri-urban Dar es Salaam, Cochabamba and Kolkata”, Urban Research & Practice, 10:1, 2017: 22-42».

[14]Daniel Azpiazu, Nicolás Bonofiglio, y Carolina Nahón, Agua y energía: mapa de situación y problemáticas regulatorias de los servicios públicos en el interior del país; Besana, «Agüita de la miseria. Derecho humano al agua potable y acceso de red en asentamientos informales del Conurbano Bonaerense (1983-2015)».

[15]AySA, «aysa.DATA».

[16]ERAS, «Información económico financiera de AySA».

[17]AySA, «Informe Anual al Usuario 2018».

[18]AySA, «aysa.DATA».

[19]Besana, «FALTA DE ACCESO AL AGUA POTABLE Y EXPANSIÓN DEL COVID-19 EN VILLAS Y ASENTAMIENTOS INFORMALES DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE BUENOS AIRES».

[20]ONU, Declaración del Milenio. (Resolución aprobada por la asamblea [sin remisión previa a una comisión principal (A/55/L.2)]); ONU, El derecho humano al agua y el saneamiento (Resolución 64/292 aprobada por la asamblea general); ONU, Transformar nuestro mundo: la agenda 2030 para el desarrollo sostenible. (Resolución aprobada por la asamblea general el 25 de septiembre de 2015 [sin remisión previa a una comisión principal (A/70/L.1)]).

[21]AySA, «Plan de saneamiento 2007-2020».

[22]Besana, «Agüita de la miseria. Derecho humano al agua potable y acceso de red en asentamientos informales del Conurbano Bonaerense (1983-2015)».

[23]AySA, «Informe Anual al Usuario 2018».

[24]AySA.

[25]Besana, «Agüita de la miseria. Derecho humano al agua potable y acceso de red en asentamientos informales del Conurbano Bonaerense (1983-2015)».

[26]Gutierrez, «Co-producción de servicios públicos en barrios populares desde la perspectiva de los actores locales. El Caso de la extensión de redes cloacales en Rafael Castillo y en Laferrere, La Matanza».


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Patricio Besana

Patricio es Doctor en Ciencia Política y Sociólogo. Se desempeña como docente en la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín, donde además integra el Área de Ambiente y Política, y en el Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, donde también se desarrolla como investigador en el Área de Ecología. Investigó temas relacionados a formas de participación política no electoral en barrios populares y provisión de servicios públicos, con énfasis en agua potable y residuos. Es orgulloso hincha de Platense y padre muleto de Juan y Pedro.

Lautaro Gutierrez

Lautaro es estudiante de la Licenciatura en Organización y Dirección Institucional por la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín y se encuentra próximo a finalizar su tesis de grado sobre el acceso a servicios de saneamiento en barrios populares del Conurbano Bonaerense. Paralelamente, se desempeña como miembro del Área de Abordaje Territorial de la Dirección de Desarrollo de la Comunidad de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

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