Prestación Básica Universal: hacia una creación participativa para garantizar la conectividad

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El acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) es un factor determinante para el ejercicio de derechos fundamentales, sobre todo en el contexto de la virtualización de las actividades cotidianas que generó el COVID-19. No obstante, la pandemia y el aislamiento han acrecentado desigualdades y profundizado la brecha digital. Hoy, la penetración de banda ancha fija, medida sobre la cantidad total de hogares, es del 67,9%(1), mientras la penetración de la banda ancha móvil, que es medida sobre la cantidad de habitantes, llega al 125%(2). Garantizar el acceso a las TIC a las poblaciones vulnerables, en un momento en el que el 40,6%(3) de la población se encuentra bajo la línea de la pobreza, alcanzando al 31,2%(4) de los hogares, se vuelve urgente y demanda adoptar políticas que aseguren la conectividad universal y el acceso de forma asequible. En este sentido, pueden impulsarse políticas vinculadas a los precios de servicios TIC. 

Así, el Gobierno Nacional, a través del DNU 690/20, creó la Prestación Básica Universal y Obligatoria (PBUO)(5) y estableció distintos paquetes a precios fijos para los servicios de telefonía móvil, fija, Internet y de televisión paga, con una lógica similar a la de Precios Cuidados(6), que entre 2014 y 2017 incluyó el Plan Prepago Nacional(7). El impacto de la nueva medida es disímil para grandes y pequeños proveedores, ya que sus estructuras de costos son considerablemente diferentes según su volumen de negocio y diversificación de rubros en los que prestan servicios. Centrándonos específicamente en el análisis de los planes de la PBUO que contemplan banda ancha fija y móvil, esto es: 2 a 10 Mbps (según cantidad de clientes del operador y zona de prestación del servicio) y 1 GB respectivamente, se advierte que su capacidad cubre un consumo mínimo de las actividades en línea generadas como consecuencia de la pandemia. En lo que hace al acceso fijo, vale distinguir el concepto de megabit (Mb) de megabyte (MB) siendo el primero 8 veces más chico que el segundo; en los planes comerciales la velocidad está expresada en Mb por segundo (Mbps). Hecha esta salvedad, los planes contenidos en la PBUO permitirían: en el caso del plan de banda ancha móvil, una videollamada de aproximadamente una hora (según la calidad de imagen) o realizar consultas web por 62 horas; para el plan de banda ancha fija (recordando que las velocidades de los planes se indican como “hasta”) este contempla, en su rango superior, la posibilidad de hacer videollamadas múltiples, no así en el caso de 2Mbps, y podrían existir dificultades en el caso que haya más de un dispositivo conectado a la vez. Con estas cifras, y dependiendo de la cantidad de integrantes y equipos, los hogares pueden demandar entre 13 y 100 Mbps(8).

Desde sus inicios, el marco jurídico de las TIC contempla el Servicio Universal(9), figura generada tras la privatización de los monopolios públicos y liberalización del sector que el Estado definió como herramienta de acción directa para garantizar la extensión del servicio(10), creándose luego en Argentina el Fondo Fiduciario del Servicio Universal, integrado por el 1% de los ingresos de las licenciatarias, para posibilitar el acceso a las TIC a todos los habitantes. La ejecución del Fondo se basa en convocatorias que elabora el regulador para financiar proyectos en zonas poco rentables, mayormente para el despliegue de redes en áreas rurales o alejadas, y, en menor medida, en zonas urbanas. Si bien se aprobó recientemente una línea de financiamiento para despliegue de redes en barrios y asentamientos inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP) que permite financiamiento de proyectos para población vulnerable residente en zonas urbanas y aledañas, el foco histórico en materia de despliegue ha sido en áreas rurales y alejadas.

Por ello, considerando los hábitos de consumo de la ciudadanía y los niveles de penetración actual de servicios de banda ancha, resultaría conveniente generar un espacio institucionalizado con las licenciatarias TIC, de forma tal de co-crear una PBUO que contemple la capacidad de datos que demandan la educación, la salud y el trabajo en línea, y pueda ir adecuándose en función de la recepción de la población destinataria y el cumplimiento de los objetivos para los que fue creada. De esta forma, también se resguardaría a los operadores PyME de tener que ir a pérdida para dar cumplimiento a las medidas dictadas por el Estado, puesto que la sostenibilidad de la medida dependerá exclusivamente del compromiso de las partes al partir de un consenso entre todos los actores, pudiendo incluso destinar aportes del Servicio Universal para subsidiar un porcentaje de los precios de los abonos de usuarios finales. La participación público-privada facilitaría la implementación, seguimiento y evaluación de una política real orientada a la universalización de las TIC, en un marco de trabajo dinámico y colaborativo centrado en el usuario.


Este artículo se escribió en el marco de la materia “Diseño e Implementación de Políticas Públicas en Argentina” de la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad Torcuato Di Tella.


(1) Acceso a Internet · Datos Abiertos ENACOM

(2)  Telefonía Móvil · Datos Abiertos ENACOM

(3) https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel3-Tema-4-46

(4)  Ídem.

(5) https://formularioenacom.gob.ar/normativa.html

(6) https://www.argentina.gob.ar/precios-cuidados. El Plan Prepago Nacional fue aprobado entre la ex Secretaría de Comunicaciones y la entonces Secretaría de Comercio (https://www.telam.com.ar/notas/201408/73545-precios-cuidados-plan-prepago-nacional-celulares.php)

(7) Prestación Básica Universal – ENACOM

(8)  Para que Internet ande bien en casa se necesitan más de 20 megas de conexión (clarin.com)

(9) Servicio Universal (enacom.gob.ar)

(10) Maule, Marta. Maule, M. (2019). El Servicio Universal en la Ley Argentina Digital: Análisis de programas, c. 2014-2018 en https://udesa.edu.ar/sites/default/files/maul42e_1.pdf 

 


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Agustina Brizio

Agustina Brizio es abogada por la Universidad de Buenos Aires, con estudios de posgrado economía y finanzas, maestrando en políticas públicas en la Universidad Torcuato de Tella. Forma parte del Módulo de Políticas TIC del Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAV y es titular del Módulo de Marco Regulatorio en la Diplomatura de Gobernanza y Evolución de Internet de la UP. Con más de 10 años de trayectoria en el sector TIC, actualmente es Directora de Estándares Tecnológicos en la Oficina Nacional de Tecnologías de Información

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